Por Luisa García Pelatti

El intercambio de bonos entre el G25, un grupo de cooperativas de ahorro y crédito que negocia la reestructuración de la deuda con el gobierno, y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) ha generado sorpresa y confusión. Varias fuentes consultadas califican la transacción como una maniobra contable, cuyo único objetivo es “salvarle el pellejo” a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que tienen más de $1,000 millones en inversiones en bonos del Gobierno (en su mayoría del Banco Gubernamental de Fomento) y habrían generado una pérdida “no realizada” de más de $500 millones. Las cooperativas tenían $472 millones en capital en septiembre de 2015.

La transacción transfiere el riesgo de la cooperativas a COSSEC, cuyo objetivo es velar por la integridad y la fortaleza financiera de las cooperativas. Con esta transacción, el organismo regulador de las cooperativas, de alguna manera, habría salvado de la quiebra a varias cooperativas, eliminado de sus libros las pérdidas de los bonos del Gobierno. “Esto no es una solución, solo compra algo de tiempo para algunas cooperativas, pero el problema sigue latente y COSSEC puede que no tenga suficiente dinero para cubrir aquellas cooperativas cuyo capital es negativo al presente”, señala una fuente.

La junta de directores de COSSEC está formada por nueve personas, de las que cuatro son representantes de cooperativas. En la junta también están el Secretario de Hacienda, el Comisionado de Desarrollo Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento y un representante del Interés Público. Cómo se ha logrado aprobar una transacción que beneficia totalmente a las cooperativas y que obliga al Gobierno a asumir las pérdidas de una reestructuración de la deuda es algo que las fuentes con las que hemos podido hablar no logran entender.

Algunas fuentes señalan que la transacción podría violar algunas de las disposiciones de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Otras fuentes hablan de confabulación entre algunos miembros de la junta y las cooperativas para aprobar el intercambio de bonos y de conflicto de interés. “Son ellos mismos velando por ellos mismos”.

Toda esta situación recuerda a la crisis de los saving and loans en Estados Unidos en los años 1980 y 1990. “Son gente que no tiene experiencia técnica para bregar con una situación como ésta, ni para valorar carteras”.

COSSEC ya tuvo problemas en el 2013. La Cámara de Representantes inició una investigación tras la destitución de Daniel Rodríguez Collazo, presidente ejecutivo. Cinco miembros cuestionaron los gastos incurridos en la asamblea anual.  Por su parte, el presidente de la Junta de COSSEC, Sergio Ortiz Quiñones, refirió al Departamento de Justicia a esos cinco miembros porque considera que la destitución se hizo de forma ilegal.

Las cooperativas ya habían logrado que la Legislatura aprobara una nueva ley contable (Ley 220-2015), que les otorgaba hasta 15 años para amortizar pérdidas realizadas. Pero incluso con eso, hay cooperativas que ni con 100 años podrían llegar a amortizar las pérdidas.

Según datos del 2015, había 41 cooperativas en déficit: 3 son cooperativas con menos de $10 millones en activos; 10 son cooperativas con entre $10 millones y millones en activos; 19 de un total de 33 tienen entre $50 millones y $100 millones en activos; y 9 son cooperativas con más de $100 millones en activos. Las cooperativas más grandes, aquellas con más de $100 millones en activos, podrían recuperarse de las pérdidas ($13 millones en promedio por cooperativa) en cuatro años. A las más pequeñas podría tomarles un promedio de 19 años. Pero los mayores problemas están en las medianas, las cooperativas que tienen más de $10 millones y menos de $100 millones en activos. En estos casos el tiempo promedio de recuperación es de alrededor de 19 años en promedio, pero algunas cooperativas podrían tardar 45 años, 53 años o incluso 119 años en amortizar las pérdidas.

El sector cooperativo tiene alrededor de $1,500 millones en bonos del gobierno. De esa cifra, el sector de ahorro y crédito tiene unos $1,100 millones en cartera. La mayor parte, unos $469 millones están invertidos en Bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF); $126 millones en bonos de Obligaciones Generales; y $90 millones en Cofina. El resto incluye inversiones en la Corporación de Financiamiento Público ($82 millones); la AEE ($73 millones); la AAA ($72 millones), Edificios Públicos ($55 millones); entre otras.

COSEEC tiene $50.4 millones en bonos del Gobierno: $34.2 millones en bonos del BGF; $14.4 millones en bonos de Cofina; y $1.8 millones de bonos de Obligaciones Generales.