Por redacción de Sin Comillas
El G25, un grupo de cooperativas de ahorro y crédito que desde hace más de un año se sientan como bonistas a negociar la reestructuración de la deuda con el gobierno, aprobó un intercambio de bonos con la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). Se trata de un mecanismo de manejo de activos a nivel sistémico para delimitar riesgos mientras se encamina la reestructuración de deuda pública.
COSSEC emitirá acciones preferidas, por una cantidad inicial de $350 millones, lo que aumentará la estructura de capital de la entidad. La transacción intercambia, de forma inicial, los bonos en manos de las cooperativas por acciones preferidas, generarán el 95% del rendimiento promedio ponderado del total de los bonos intercambiados.
La transacción fue diseñada y propuesta por el G25, y está disponible a todas las cooperativas bajo términos de igualdad de oportunidad, para brindar estabilidad sistémica sin afectar el capital neto de COSSEC ni comprometer sus recursos líquidos y contó con el apoyo expreso de la Comisión de Desarrollo Cooperativo y del Banco Gubernamental de Fomento.
El equipo técnico del G25, compuesto por el licenciado José Antonio Sosa Llorens, ex Comisionado de Instituciones Financieras, y Fernando Viñas, de la firma Samuel Ramírez & Co., unido a ejecutivos y CPAs de las cooperativas del G25, diseñaron una transacción cónsona con las funciones, facultades y deberes de la Corporación bajo su Ley Orgánica y consistente con los fines de proteger la solidez y estabilidad financiera del sistema.
La transacción es consistente con precedentes federales establecidos desde el 2008, tal como el “Asset Guarantee Program”, un programa conjunto del Tesoro, la Reserva Federal y el FDIC para apoyar el valor de ciertos activos en manos de instituciones financieras y amortiguar el riesgo de pérdidas de dichos activos. Otros ejemplos similares son el “Temporary Liquidity Guarantee Program” del FDIC y el “Temporary Corporate Credit Union Liquidity Guarantee Program” de NCUA. Dichos programas se diseñaron para evitar que la exposición a riesgo de pérdidas de los activos pudiese provocar daños ulteriores al sistema financiero y a la economía en general. En Puerto Rico al menos los dos bancos comerciales de mayor tamaño recibieron apoyo financiero federal de sobre $1,400 millones.
Además, protegiendo el sistema financiero cooperativo mantenemos su función como “regulador de precios”, evitando así los abusos que pueden surgir en un mercado bancario altamente concentrado. Recordemos que luego de la quiebra de 4 bancos supervisados por la OCIF, queda un número reducido de bancos comerciales operando en el país.
“Esta transacción constituye la única propuesta de manejo de riesgo que se haya presentado hasta el presente. Nos satisface estar una vez más a la vanguardia de las soluciones para atender la crisis fiscal. Hace varios meses que presentamos esta transacción como una medida más para proteger la salud fiscal del sistema financiero cooperativo que ha servido como herramienta de desarrollo al país por los pasados 70 años. Insistimos, la solución a la crisis es cooperativista”, expresó el presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Alta, Rubén Morales, una de las instituciones miembro del G25.
