Por Luisa García Pelatti
La decisión del Tribunal Federal al declarar inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (“Ley para la Recuperación”) no tendrá efecto en la clasificación de la deuda de Puerto Rico, asegura Moody’s Investors Service (Moody’s) en un informe de pago publicado el lunes.
La decisión del tribunal no cambia la opinión sobre el gobierno y las corporaciones públicas. Moody’s piensa que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podrían reestructurar su deuda o suspender pagos este año, aunque no cuente con la ley. Ese impago está incluido en la clasificación Caa3 que Moody’s le dió a la AEE.
“Si bien la ley, inicialmente, tuvo consecuencias negativas para la posición crediticia de Puerto Rico, lo que significó de la intención del gobierno de garantizar el pago de la deuda de las corporaciones públicas, el rechazo de la ley tiene comparativamente poco efecto positivo en el crédito, por dos razones. En primer lugar, las presiones financieras que llevaron al gobierno a crear la ley han seguido aumentando desde que se aprobó la ley. En segundo lugar, dichas presiones pueden conducir a pérdidas de los tenedores de bonos, incluso en ausencia del marco que la ley trata de establecer”, señala el informe.
La posición de liquidez financiera de la AEE sigue siendo débil y la economía de Puerto Rico tiene problemas estructurales. A juicio de Moody’s, estos dos factores juntos pueden llevar a la AEE a suspender el pago de su deuda o negociar una reestructuración.
“Puerto Rico ideó claramente la ley para proteger la liquidez y la solvencia del gobierno central de las crecientes presiones financieras de las corporaciones públicas que el gobierno había apoyado durante mucho tiempo. Sin embargo, la ley en nuestra opinión, socavó la posición no sólo de las corporaciones susceptibles de reestructuración, sino también la del Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la del propio gobierno central y la de otras emisores de deuda a la que no les aplicaba la ley. Aunque Puerto Rico hubiera sido capaz de utilizar la ley para un impago selectivo de los bonos de una corporación pública para preservar la liquidez para el pago en Obligaciones Generales y otra deuda del gobierno central, su promulgación era más significativa por lo que dijo acerca de la capacidad cada vez menor del gobierno y la voluntad de dar prioridad al pago de la deuda por encima de los servicios públicos”.
La aprobación de la “Ley para la Recuperación” provocó que, en julio del año pasado, Moody’s degradara tres niveles la deuda, que ya estaba a nivel de chatarra, y la colocara en B2 con perspectiva negativa.
La AEE debe presentar el 2 de marzo un plan de reestructuración. La decisión del tribunal de declarar inconstitucional la ley fortalece la posición de los bonistas, dice Moody’s, porque limita las opciones de la AEE si se rompen las negociaciones con los acreedores. “Si se hubiera implementado la ley habría permitido que la AEE eliminara de forma unilateral de deuda o la habría reducido de forma significativa”.
