Dominic Frederico, presidente y principal oficial ejecutivo de Assured Guaranty.
Por redacción de Sin Comillas
“Los planes revisados son fiscalmente irresponsables y aseguran una continua falta de acceso a los mercados de capitales tradicionales. En lugar de obligar a Puerto Rico a gastar cientos de millones más en litigios, asesoría y costos de la Junta de Control Fiscal en los próximos años, una vez más instamos al Gobierno y la Junta a comprometerse con los acreedores en beneficio de Puerto Rico”, comentó Dominic Frederico, presidente y principal oficial ejecutivo de Assured Guaranty, que asegura unos $5,400 millones en bonos de Puerto Rico.
“Desafortunadamente, los planes fiscales revisados repiten y exacerban los errores en los planes originales. Certificar los planes ahora sería un perjuicio para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, ya que los planes no se enfocan en el crecimiento de la economía y la reestructuración del gobierno y su costo para mejorar la eficiencia y la transparencia. Los planes fiscales revisados tampoco identifican los gastos esenciales frente a los no esenciales e ignoran los derechos constitucionales de los acreedores y los embargos y embargos contractuales”, señala Frederico, que opina que la Junta le debería dar prioridad a las necesidades más urgentes de los puertorriqueños, cuando todavía hay muchos sin energía eléctrica cuatro meses después del huracán.
Assured Guaranty había retirado en octubre, de forma voluntaria, una demanda que cuestionaba la legalidad de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), citando la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico. Según Frederico, el Gobierno debería haber aprovechado la ocasión para trabajar en un plan de consenso que evitara años de litigios.
Assured Guaranty Corp. y MBIA Inc., otra aseguradora de bonos, habían presentado la demanda un día después de que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal se acogieran a a la protección Título III de la Ley PROMESA para reestructurar una deuda pública de $70,000 millones. En esa ocasión, Assured Guaranty Corp. habían pedido la anulación de la aprobación del Plan Fiscal porque consideran que no cumple con la Ley PROMESA, no respecta la Constitución de Puerto Rico ni las leyes de Estados Unidos.
