Por redacción de Sin Comillas
Los informes de la Policía de Puerto Rico que registran el uso de fuerza de sus agentes contra la ciudadanía son documentos públicos y el Negociado de la Policía tiene que entregarlos a Kilómetro Cero (Km0), organización ciudadana que monitorea el uso de fuerza del Estado en Puerto Rico. Esa fue la sentencia que el Tribunal Supremo emitió en una resolución con seis votos a favor y dos disidentes.
“La sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico vindica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país. Los informes que dan cuenta de cómo el Estado ejerce la fuerza contra la ciudadanía son nuestros, son del pueblo de Puerto Rico. En una democracia, no se supone que haya que temerle a la Policía. Lo que hay es que supervisarla, exigirle cuentas y transformarla para beneficio del País pues ese es el cuerpo que ejerce la fuerza y, por tanto, un enorme poder sobre la gente. Se supone que sea la ciudadanía la que controle sus instituciones. No a la inversa. A nombre de todas las personas que han perdido la vida a manos del Estado, de sus familiares, y de quienes han sido afectados por el uso injustificado de fuerza de la Policía, nos comprometemos a ejercer una labor de análisis y búsqueda de la verdad aún más rigurosa con estos nuevos documentos a los que tendremos acceso”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
La organización considera que la sentencia es un paso de avance para el fortalecimiento del derecho fundamental de acceso a la información pública.
El Tribunal Supremo estableció en su sentencia que: “Es una paradoja invocar el interés de promover que los miembros de la Policía sean más honestos reportando los incidentes de uso de la fuerza condicionando tal deber a que sea ejercido bajo un manto de secretismo. Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un interés preocupante y contrario a la Reforma de la Policía”.
“Aquí hay siete años de un trabajo bien intenso de requerimientos de información, análisis, búsquedas, cuestionamientos”, añadió Mari. “Esta situación nos recuerda que es menester establecer por fin un mecanismo de acceso a la información para que cualquier grupo, persona o periodista en Puerto Rico pueda ejercer su derecho sin tener que ir a los tribunales, que es un ejercicio oneroso al cual no todos tienen acceso. Quisiéramos que la Legislatura y los funcionarios electos demuestren por fin voluntad política para crear una verdadera ley de acceso a la información, digna del siglo XXI en un país con aspiraciones democráticas”.
La acción legal original de Kilómetro Cero contra el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico tenía el propósito de vindicar el derecho fundamental de la organización sin fines de lucro al acceso a la información, después de que las agencias habían ignorado y negado una serie de solicitudes de información que Kilómetro Cero ha realizado desde 2018.
Kilómetro Cero explica que el acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental. Este derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental.
