Por José García López*

El mes pasado la Oficina de Contabilidad General del Gobierno Federal de Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés, GAO) divulgó un informe sobre la situación de la deuda de todos los territorios, incluyendo a Puerto Rico, durante los últimos años. En el caso de la Isla el informe reconoce los avances significativos que, bajo la Ley Promesa (2016) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos, ha tenido en términos de la reestructuración de la deuda del Gobierno Central y aspectos fundamentales en la administración de nuestras finanzas públicas.

¿Qué dice el informe del GAO?

  • La reestructuración de la deuda del Gobierno Central conllevó la emisión de nuevos bonos por $7,400 millones que remplazaron el balance de $34,300 millones, una reducción de 78%. A la vez, esto representó una reducción en servicio de deuda de 25% a 6.1% de los ingresos netos al Fondo General.
  • La reforma del sistema de pensiones del Estado Libre Asociado (ELA) que limitó las obligaciones futuras de todos los participantes bajo el plan de beneficios definidos transfiriéndolos al plan de contribución definida.
  • Creación de la nueva Reserva del Fideicomiso de las Pensiones con una inyección de capital $1,400 millones para el pago de pensiones futuras.
  • Reconoce el superávit $391.5 millones en el Fondo General para el año fiscal 2021.
  • El compromiso con la transparencia con la divulgación de los Estados Financieros del ELA para el periodo de 2016-21.
  • La transformación del sistema eléctrico y el proceso de la reestructuración de la deuda de AEE.

Todos estos puntos sin duda son pasos significativos llevados a cabo por la JSF en conjunto con el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa. Los mismos ayudarán a que el País pueda regresar a los mercados de capital de EU.

Ahora bien, ¿qué fue lo que no dijo el GAO?

  • Que el Plan Fiscal 2023 certificado por la JSF proyectó la recurrencia de déficit fiscales acumulados en el Fondo General a partir del año fiscal 2027 hasta el 2052.
  • Otro punto que no menciona el GAO es que, a pesar de las asignaciones de alrededor de $120,000 millones en fondos federales para la reconstrucción de la Isla luego de los Huracanes Irma y María y post la pandemia del COVID-19, la JSF no ha sido proactiva para ayudar la inyección de dichos fondos repercutiera mas rápido sobre la economía de la Isla.
  • Se le quedó en el tintero que la JSF no ha podido en seis años de ejecución poder encaminar un solo proyecto de desarrollo económico, según dispone la Ley Promesa.
  • Las proyecciones económicas negativas a mediano y largo plazo que contienen los planes fiscales, como el Plan de Ajuste de la Deuda, ponen en riesgo la sostenibilidad del pago del servicio de deuda.
  • El riesgo crítico  que será la incertidumbre con los fondos asignados de Medicaid a partir del año fiscal 2027 que repercutiría sobre la estabilidad del Fondo General.
  • Tampoco el informe indica que el País no podrá sostener el aumento proyectado en el costo de energía que tendrá repercusiones muy adversas sobre los hogares más vulnerables y múltiples cierres de empresas pequeñas y medianas, representando perdidas de miles de empleos directos e indirectos.

En síntesis, el informe del GAO reconoce varios pasos afirmativos que se han dado en el ámbito fiscal, pero creo que se quedó corto en identificar los retos que al presente existen y ponen riesgo la sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo.

  • El autor es economista, consultor, profesor adjunto de economía en la Escuela de Administración Publica de la Universidad de Puerto Rico y publicó el libro: Reformas Contributivas en PR:1898-2020-Trasfondo, Impacto y Alcance.