Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Alejandro García Padilla estampó su firma hoy en la ‘Ley de la Colegiación Integrada de la Abogacía’, que restituye la colegiación como requisito para ejercer la abogacía y el notariado en Puerto Rico.
La legislación, además, fija en $250 la cuota anual del Colegio y dispone que la misma solo se puede aumentar a través del voto de una asamblea general; el alza en esta contribución no podrá ser mayor de un 10 por ciento. La votación en cualquier asunto del Colegio podrá ser a través de la asistencia a una asamblea, por correo y de manera electrónica.
Asimismo, este estatuto fortalece el Fondo de Acceso a la Justicia de Puerto Rico, pues permite que cualquier colegiado opuesto a las posiciones del liderato de turno del Colegio pueda donar su cuota al Fondo; de esta manera, no contribuye al presupuesto general de la institución.
“Con la ley que firmamos hoy, completamos la restitución al Colegio del resto de las facultades que permitieron a lo largo de su historia centenaria darle voz a la gente humilde y fortalecer la ética y excelencia profesional, incluyendo las personas investidas con la fe pública notarial”, dijo el gobernador.
La Asociación de Abogados dijo que presentará una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar que se decrete inconstitucional la Ley. La Asociación sostiene que obligar a miles de abogados a pertenecer a una entidad en la que no creen sería una violación de su derecho constitucional de libertad de asociación. Además, la Asociación sostiene que esta acción violenta la norma de Separación de Poderes de la Constitución de Puerto Rico porque los abogados son regulados por el Tribunal Supremo y no por la Legislatura.
El Colegio de Abogados y Abogadas fue fundado en el 1840; en el 1981, inauguró su programa Pro Bono, una corporación sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos económicos en derecho civil y administrativo. Igualmente, siempre ha colaborado con la Sociedad para la Asistencia Legal y con la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico.
En el 2009, se aprobaron varias leyes dirigidas a eliminar la colegiación compulsoria, redefinir las facultades y deberes del Colegio y los requisitos para ejercer la profesión de la abogacía y el notariado en Puerto Rico, entre otras cosas.
