Por Luisa García Pelatti
Si durante la reunión de ayer, en las oficinas de Citigroup en Nueva York, los acreedores esperaban recibir información específica sobre cómo el Gobierno espera reestructurar la deuda, se quedaron sin saberlo. Si el Gobierno tiene un plan, no lo presentó. No se dijo qué deuda se va a reestructurar, ni cómo.
Las preguntas (conté seis), que debían enviarse con anticipación, tampoco ayudaron mucho a aclarar el panorama. ¿Cuál será el impacto de la reestructuración? Es aún pronto para saberlo, dijeron.
El Gobierno pidió a los acreedores –unos 300 que estaban presentes en la reunión entre representantes de fondos y aseguradoras– paciencia y colaboración para evitar las demandas que podrían prolongar el proceso de reestructuración y hacerlo más costoso y difícil.
Reconocieron que si se desencadena una cadena de litigios, el proceso tendrá efectos negativos en la economía y en los ingresos del fisco, que son la fuente de repago de los bonos. A cambio, se comprometieron a que el proceso sea transparente y abierto, para que los ajusten se hagan de forma colaborativa con los acreedores y evitar las consecuencias negativas de los litigios.
Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), aclaró que no están pidiendo un rescate al Gobierno de Estados Unidos, pero sí modificaciones al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra para que puedan acogerse a la quiebras las corporaciones públicas. Y aclaró que eso no es un rescate.
Jim Millstein, de la firma Millstein & Co., fungió de maestro de ceremonias pero con privilegios, porque contestó algunas de las preguntas. Acosta Febo hizo una presentación sobre la situación económica y fiscal de la Isla, mientras que Anne O. Krueger presentó el informe preparado por ella y Ranjit Teja y Andrew Wolfe, ex empleados del Fondo Monetario Internacional (FMI), comisionado por el Gobierno.
El 29 de junio, el Gobernador Alejandro García Padilla reconocía que la deuda pública de $72,000 millones es impagable. El viernes, el BGF decía que tenía la intención de intercambiar $4,000 millones de notas senior por debajo de su valor.
El BGF ha reconocido que tiene problema de liquidez y podría quedarse sin efectivo antes de que termine el primer trimestre del actual año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre.
El 1 de agosto, el BGF tiene que hacer frente a un pago de $170 millones. Miller, ex Secretario del Tesoro y que está asesorando al Gobierno, señaló que Puerto Rico podría considerar no hacer ese pago para preservar efectivo.
Como reconocía Krueger, “las cosas se van a poner peor antes de mejorar”.
