Por Luisa García Pelatti
Sólo quedan dos días para que termine el mes de junio y los acontecimientos se precipitan. La Legislatura está a punto de aprobar el presupuesto en las próximas horas (un proceso poco transparente) y el informe de Krueger (por la economista que dirige el grupo de ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional), que el Gobernador supuestamente haría público hoy, ya fue publicado. Alejandro García Padilla, reconocía la semana pasada, en una entrevista con el New York Times, que la deuda es impagable. Una forma poco usual de anunciar un incumplimiento de pagos, pero quién entiende la estrategia de comunicaciones de este Gobierno.
Las declaraciones del Gobernador dejan absolutamente claro que se avecina una reestructuración de la deuda (ya quisiéramos que fuera tan transparente y accesible con la prensa local como lo es con la de Estados Unidos). Hoy se espera que ofrezca un mensaje televisado, después de reunirse con los legisladores para presentarles un informe que el país ya leyó anoche. Las explicaciones llegan tarde y mal.
Anne O. Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe, los economistas a cargo del informe, señalan que la situación en la que se encuentra la economía de la Isla no tiene precedentes en Estados Unidos y no se puede seguir posponiendo la búsqueda de una solución. Puerto Rico tiene una deuda pública de alrededor de $72,000 millones y su habilidad de pago se está deteriorando rápidamente.
El informe defiende que se permita que Puerto Rico disponga de la protección del Capítulo 9 de la ley de quiebras (aunque pocos creen que se consiga) y que se cree una junta de control fiscal. Algunas personas señalan que el informe plantea cosas que todos sabíamos.
El Gobierno también comisionó un informe a la firma Conway MacKenzie del que no se ha dado mucha información.
La quiebra, ordenada o no, se producirá antes de septiembre, algunos fuentes hablan de que será antes del 15 de agosto. Parece que la clave será respetar la deuda de las Obligaciones Generales y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y hacer un intercambio de deuda con vencimientos más largos para la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y otras agencias. Las primeras en caer en el incumplimiento de pagos sería las agencias relacionadas con salud y el BGF.
Pero incluso en el mejor de los escenarios, la reestructuración de la deuda exigirá sacrificios y otra ola de austeridad. La quiebra es un territorio no explorado, advierten.
Con un déficit de $3,695 millones, superior al informado, y con el BGF quedándose sin liquidez, el Gobierno deberá elegir qué pagar y las operaciones de las agencias se verían afectadas con cierres o reducciones de jornadas de los empleados. El Gobernador ha dicho que no contempla despidos.
