German Ojeda. (Foto suministrada)

Opinión

Por German Ojeda*

Mejorar el clima empresarial y fomentar el desarrollo económico deberán pasar a primer plano una vez Puerto Rico emerja oficialmente del proceso de quiebra durante el mes de marzo con la reciente confirmación del Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico por parte de la jueza Laura Taylor Swain.

A fines de promover un desarrollo económico a largo plazo, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Junta de Supervisión) ha enfatizado la necesidad de realizar reformas estructurales para mejorar: (i) el capital humano y el bienestar de la ciudadanía, (ii) la educación pública K-12, (iii) la infraestructura y la energía y, por último, (iv)la facilidad para hacer negocios en Puerto Rico. Hacer más fácil el establecer y operar un negocio en Puerto Rico ayudará a mejorar las ventajas competitivas de Puerto Rico para atraer más inversión y crear nuevos empleos.

Según el informe titulado “County Business Patterns de 2017” publicado por el Censo de Estados Unidos, se estima que el 95% de los negocios en Puerto Rico son pequeñas y medianas empresas con menos de 50 empleados. Estas, sin embargo, representan el 42% del empleo del sector privado y el 36% del total de la nómina anual. Ciertamente, el sector privado desempeña una función esencial en el desarrollo económico de la Isla, especialmente en la creación de empleos.

Varios estudios, además, han demostrado que los países que promueven reformas a favor de su entorno empresarial han visto aumentar la creación de empleos, la actividad empresarial, las inversiones y el crecimiento económico. Los empresarios en Puerto Rico, no obstante, llevan mucho tiempo reclamando el escollo que supone obtener permisos, registrar propiedades, cumplir con sus obligaciones contributivas, la inestabilidad energética y otras dificultades operacionales, que frenan el nivel de actividad económica necesario para impulsar el crecimiento.

En los últimos años, el Gobierno de Puerto Rico, en colaboración con la Junta de Supervisión, ha logrado progreso en mejorar las condiciones para hacer negocios en Puerto Rico. Las diversas iniciativas han logrado mejoras como: la reducción del tiempo para tramitar permisos de construcción en un 73% y el de los permisos de una sola vez en un 48% entre 2020 y 2021; así como la reducción de la demora para procesar los documentos del Registro de la Propiedad en un 30%. Estos resultados se han logrado mediante la contratación de más funcionarios para tramitar los permisos y más técnicos de registro de la propiedad en las agencias gubernamentales correspondientes. Además, los negocios ahora pueden comenzar operaciones aún mientras esperan por las inspecciones iniciales del Departamento de Bomberos y del Departamento de Salud, con la excepción general de los restaurantes y bares.

Sin embargo, muchos empresarios aún se topan con cierta burocracia gubernamental, sistemas anticuados y procesos laboriosos a la hora de establecer sus negocios.

La Junta de Supervisión lleva a cabo encuestas periódicas para entender cómo el Gobierno ha atendido las necesidades de la comunidad empresarial y el entorno general para hacer negocios en la Isla. Las encuestas también tienen como objetivo evaluar el progreso y la eficacia de los cambios implementados por el gobierno.

Los resultados de la encuesta de diciembre de 2021 indican que la pandemia de COVID sigue siendo una preocupación importante, ya que 375 propietarios de negocios dijeron que continúan enfrentando adversidades casi a dos años de la llegada del COVID a Puerto Rico.  El 69% de los participantes reclama ser elegible para recibir asistencia económica mientras que el 40% espera beneficiarse de los Préstamos de la SBA y 25% de otros fondos relacionados con el alivio financiero en respuesta al COVID-19.  Mientras tanto, cerca del 54% de los participantes indicaron que solicitar servicios gubernamentales conllevó una espera mayor a la habitual en los últimos seis meses, una respuesta congruente con las ediciones anteriores de la encuesta.

Además, el 88% de los empresarios declaró que obtener permisos es una tarea difícil; de éstos el 54% lo considera “muy difícil”, con razones que varían desde las múltiples agencias que hay que consultar, la falta de claridad en cuanto a los requisitos y la “falta de interés” de los empleados gubernamentales involucrados. Alrededor del 74% de los encuestados considera que el costo del registro de la propiedad es entre un tanto alto y muy alto, y el 76% considera que el proceso es ineficiente y difícil.

En una escala del 1 al 6, siendo el 6 muy difícil, la mayoría de los negocios considera que operar una empresa en Puerto Rico es muy difícil, con una puntuación promedio de 4.5. Además, el 52% de los participantes considera que la estructura contributiva de Puerto Rico es muy costosa y compleja. El número de radicaciones contributivas requeridas fue el principal motivo de esta observación.

Los resultados de la encuesta muestran que el Gobierno de Puerto Rico debe actuar con diligencia para continuar invirtiendo en tecnología y facilitar los procesos de permisos y gubernamentales que viabilizarán mayor disposición a invertir en Puerto Rico. Estas reformas no pueden esperar más; deben darse ya.

La Junta de Supervisión continuará haciendo hincapié en la urgencia de fortalecer la competitividad de la Isla en el mercado global, atraer nuevo capital privado y crear empleos sin dejar de ser fiscalmente responsable para que Puerto Rico pueda contar con una economía próspera.

  • German Ojeda es el director de Asuntos Municipales, Revisión Legislativa y la Facilidad para Hacer Negocios de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico.