Por Luisa García Pelatti
El 11 de marzo de 2014, el Gobierno realizó una emisión de $3,500 millones en bonos de Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en inglés). Fue la última emisión de GOs que se hizo y es parte de la deuda de $6,000 millones que la Junta de Control está objetando porque considera inconstitucional.
La transacción fue la mayor para unos bonos con clasificación de chatarra en la historia del mercado de bonos. El Gobierno llevaba dos años sin hacer emisiones de Obligaciones Generales. Las dos anteriores (de $2,318 millones y $415 millones), de 2012, también están siendo cuestionadas.
El Gobierno recibió autorización de la Legislatura para hacer la emisión, que no se utilizó para inversiones, sino para refinanciar líneas de crédito pendientes de pago y atender las necesidades de la liquidez del gobierno.
Aunque originalmente se contemplaba hacer una emisión de $3,000 millones, se decidió aumentarla a $3,500 millones (el máximo autorizado por la Legislatura) debido a la demanda.
El Gobierno tenía planes de trabajar, en los meses finales del 2014, una ley para llevar a cabo otras emisión de Obligaciones Generales.
En el momento de la aprobación de ley que autorizaba la emisión, Eduardo A. Bhatia, que era el presidente del Senado, dijo que era un día difícil para Puerto Rico puesto que se acababan las opciones. “Esta decisión se tomó por 30 años de irresponsabilidades. Esta emisión no es para hacer obra nueva, es para mantener el país a flote. Hoy es el día de escoger uno de 2 caminos: o Puerto Rico decide dejar de pagar su deuda o tiene que pedir prestado”.
