Por redacción de Sin Comillas
Assured Guaranty, la mayor aseguradora de bonos municipales, presentó una moción para eliminar la disposición de la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), que establece un período de espera hasta febrero de 2017 en el que nadie puede demandar al gobierno ni embargar activos del gobierno, con el objetivo de que se den negociaciones voluntarias entre el gobierno y sus acreedores. La moción fue presentada en el Tribunal Federal de San Juan.
La moción también solicita que el Gobierno deje sin efecto el estado de emergencia decretado para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), conforme a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera o Ley número 21 de 2016. Con esta orden se permite que la ACT pueda suspender las transferencias de los ingresos de los peajes a los acreedores y pueda continuar sus proyectos de construcción y proceder con el pago a contratistas y obras en proceso. Se había dicho que el estado de emergencia prevenía la llegada de demandas.
Assured Guaranty pide a la corte que se le compense por la suspensión de las transferencias de los ingresos de los peajes a los acreedores.
