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Por redacción de Sin Comillas

El Secretario del Tesoro, Jack Lew, le envió el lunes una carta al Senado de Estados Unidos pidiendo que aprueben ya el proyecto de ley H.R. 5278, conocido como “Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA) antes de que termine esta semana. Algunas fuentes hablan de que la votación podría producirse mañana miércoles.

Lew advierte que el retraso en la aprobación de legislación podría tener consecuencias nefastas para la Isla. Si la medida no se aprueba antes del 1 de julio, el gobierno de Puerto Rico se enfrenta a una avalancha de litigios por parte de los acreedores, que podrían poner en peligro los servicios públicos.

“En el caso de incumplimiento de pago, y si las demandas de los acreedores tienen éxito, un juez podría ordenar inmediatamente a Puerto Rico pagar a los acreedores antes que cubrir servicios esenciales como salud, educación y seguridad pública”, dijo Lew en la carta. “Esto podría obligar a Puerto Rico a despedir a agentes de policía, suspender el transporte público o cerrar un hospital”.

En la carta dirigida al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, Lew habla de consecuencias “caóticas” si no se aprueba la medida antes de que termine la semana y responsabilizó a algunos acreedores por el retraso en la legislación.

El gobierno tiene que pagar alrededor de $2,000 millones en vencimientos de deudas el 1 de julio y los funcionarios ya han advertido que no tienen fondos. El Senado de Estados Unidos está considerando PROMESA, una medida que permitiría reestructurar la deuda de alrededor de $70,000 millones. Puerto Rico no tienen derecho a acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos tampoco le permite crear un ley de quiebra propia.

Lew señala que aunque el Congreso de Estados Unidos apruebe la medida que tiene bajo consideración de forma retroactiva después del 1 de julio, no se podrán evitar una orden de un juez, que de prioridad al pago a los acreedores antes que a los servicios públicos.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la medida a principios de mes y ahora está siendo considera por el Senado.