Sergio M. Marxuach. (Foto suministrada)

A corto plazo el servicio eléctrico en Puerto Rico seguirá siendo poco confiable y costoso.

Por redacción de Sin Comillas

Entender las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA y de diferentes entes gubernamentales para regular y velar por el cumplimiento de las leyes y los acuerdos es indispensable para lograr una generación eficiente y más sustentable. Además, la implementación de la política pública vigente de energía traza el camino hacia un futuro lejos de la crisis en la que nos encontramos. Estas son algunas de las recomendaciones presentadas por el Centro para una Nueva Economía (CNE) en un análisis realizado por Sergio M. Marxuach, director de Política Pública de CNE.

Marxuach también elabora sobre algunos eventos del pasado que explican las pérdidas operativas de la AEE, el aumento de los niveles de endeudamiento y las deficiencias del reciente acuerdo con LUMA para la operación y el mantenimiento de la red eléctrica.

Las ofertas de bonos 2012-2013

Analizó los “Official Statements” de las dos últimas ofertas de bonos de la AEE, con fecha del 12 de abril de 2012 (el “OS de 2012”) y el 15 de agosto de 2013 (el “OS de 2013”). Entre sus hallazgos figuran que para ese tiempo la AEE ya tenía baja liquidez; financiaba el gasto corriente con deuda a largo plazo; y tenía acceso limitado a los mercados de capital debido a sus ya altos niveles de endeudamiento y servicio de la deuda.

Esto resultó en una reducción significativa en los gastos de mantenimiento del sistema de $250.6 millones durante el año fiscal 2007 a $213.9 millones durante el año fiscal 2013, una disminución de $36.7 millones, o 14.6% (OS de 2012, p. 71 y OS de 2013, p. 58).

Ante el deterioro continuo de su situación financiera, en mayo 2017, la AEE no tuvo otro remedio que declararse en quiebra. Unos meses más tarde Puerto Rico sufrió el paso del huracán María. A pesar del esfuerzo enorme que conllevó restablecer el servicio eléctrico, siempre se supo que no era una solución permanente: era necesaria una renovación completa de la red para llevarla a los estándares del siglo XXI. La AEE estimó que tal actualización costaría más de $10,000 millones.

Siguieron años de negociaciones con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), hasta que se llegó a un acuerdo en diciembre de 2020.

Mientras tanto, la red remendada siguió dando problemas. Por el lado de la generación, tampoco sucedió mucho, como lo demuestra el uso continuo de la planta de generación de Palo Seco.

Entra LUMA

Al abordar la entrada de LUMA, el análisis de Marxuach dice que la situación del sistema eléctrico de Puerto Rico era precaria: vieja, poco confiable, flota de generación a base de combustibles fósiles conectada a una red de transmisión y distribución funcional pero frágil e inestable.

Es bajo esas condiciones que la AEE y el gobierno de Puerto Rico firmaron un acuerdo a largo plazo para la operación y mantenimiento de la red eléctrica (el “Acuerdo de O&M”) con LUMA, un consorcio canadiense/texano. CNE analizó y señalo las deficiencias del acuerdo e hizo recomendaciones para mejorarlo en un informe de agosto 2020.

La operación de día a día del sistema eléctrico de Puerto Rico se lleva a cabo de acuerdo con los términos y condiciones de otro acuerdo celebrado entre la AEE, LUMA y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico (Autoridad P3): el contrato de operación y compraventa de energía GridCo – GenCo (el PPOA). En resumen, la AEE es responsable de la operación y el mantenimiento de la flota de generación, mientras que LUMA está a cargo de financiar las operaciones de la AEE mensualmente y despachar carga a la red.

“Dado el carácter complicado de esta relación, sospechamos que los recientes apagones continuos son tanto una función de una flota de generación decrépita y una red de transmisión y distribución inestable como de una serie de fallas de coordinación entre la AEE y LUMA”, añadió Marxuach.

“La denuncia de la AEE no es una reivindicación de LUMA. LUMA tuvo alrededor de un año para prepararse para la toma de control de la red eléctrica de Puerto Rico y su desempeño hasta ahora ha sido, en el mejor de los casos, deficiente y, en el peor, pésimo. La gerencia de LUMA hasta ahora no ha cumplido en absoluto sus promesas”, concluyó Marxuach.

¿Qué podemos esperar? 

El análisis plantea que se necesitarán alrededor de 10 años para actualizar el sistema de transmisión y distribución, con o sin LUMA. Esta tarea es sumamente compleja y cara. Y no hay atajos.

La modernización de la flota de generación también llevará varios años, ya sea con capacidad adicional de gas natural, mayor generación a partir de fuentes renovables o una combinación de ambas.

Esto significa que a corto plazo el servicio eléctrico en Puerto Rico seguirá siendo poco confiable y costoso.

Marxuach añadió que el aumento de los precios de los combustibles fósiles (incluido el gas natural), la falta de disponibilidad de varias unidades de generación de bajo costo para proveer la carga base debido a averías imprevistas y la obligación de eventualmente comenzar a pagar el servicio de la deuda reestructurada de la AEE, serán los elementos principales que aumentarán el costo de la electricidad en Puerto Rico en el futuro cercano.

No obstante, se podrían implementar algunas medidas correctivas a corto plazo para estabilizar el sistema de transmisión y distribución y reducir la dependencia del uso de unidades pico de alto costo.

Enfatizó que debe continuar la transición a la generación renovable, que protege tanto al medio ambiente, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como a los consumidores, al estabilizar el precio de la electricidad.

No es cierto que la electricidad procedente de fuentes renovables es siempre más cara que la generada con combustibles tradicionales, advierte el análisis. La tecnología de generación solar y/o eólica en combinación con el almacenamiento en baterías se ha desarrollado significativamente durante los últimos años, acercándose en algunos casos a los costos de generación de gas natural.

Se señala además, que para poder comparar adecuadamente los costos entre un tipo de generación y otro, es necesario sumar el costo de los daños ambientales y de salud causados por la generación de combustibles fósiles. Añadir los costos de estas externalidades negativas casi siempre revela que la generación de fósiles es más costosa de lo que se pensaba inicialmente.

La imposición de un impuesto al carbono es una de las varias alternativas de política pública para obligar a los contaminadores a internalizar el costo de estas externalidades negativas que imponen al resto de la sociedad en general.

Finalmente, concluye Marxuach, es imperativo que las agencias gubernamentales encargadas de implementar la política energética en Puerto Rico cuenten con los recursos necesarios para ejecutar sus respectivas misiones: el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para regular tarifas y promover la planificación a largo plazo del sistema; la Autoridad P3 para monitorear de manera efectiva y hacer cumplir el Acuerdo de O&M con LUMA; y la AEE para coordinar adecuadamente la operación diaria del sistema de generación.