Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Alejandro García Padilla enviará a la legislatura un anteproyecto de ley que busca restablecer el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía. La administración pasada eliminó la colegiación compulsoria y el requisito de ser colegiado para practicar la notaría.
Por su parte, la Asociación de Abogados considera abusivo que “en un sistema democrático, el gobierno quiera mantener a las personas en una organización y obligarlos asubsidiarla económicamente.
La medida deroga las Leyes 121 y 135 de 2009 e incorpora un nuevo artículo a la Ley Núm. 43 para crear el Fondo de Acceso a la Justicia. Este fondo tiene como propósito primordial ayudar a las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas que por razones económicas no puede sufragar representación legal.
El proyecto de administración dispone que se cambie el nombre de la institución a “Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico”.
El gobernador envió también para consideración legislativa un anteproyecto que restablece el requisito de membresía al Colegio de Abogados para practicar la notaría en la isla. Los notarios están investidos de una función pública permanente que aporta imparcialidad y legitimidad a las transacciones que ante ellos se otorgan, por lo que esta medida persigue brindar mayor seguridad en el tráfico jurídico.
Con el fin de devolverle las herramientas de recaudo al Colegio de Abogados, el pasado mes de abril el primer ejecutivo dio paso a tres leyes: la Ley 4 de 2013 que estableció que los expedientes de los letrados pertenecen al Colegio; la Ley 5 que devolvió la facultad de expedir fianzas notariales y la administración del Fondo de Finanzas Notarial; y la Ley 6 que restituyó a la centenaria institución la facultad de recibir los ingresos producto de la venta del sello notarial.
El presidente de la Asociación de Abogados, Héctor R. Ramos, dijo que la colegiación compulsoria será otra contribución a la clase togada en contra de su derecho de libertad de asociación. Según Ramos, “los abogados pueden optar hoy día por ser miembros de la Asociación de Abogados o del Colegio o de ambas o de ninguna. El gobierno quiere acabar con eso que se llama libertad de asociación. Las organizaciones son representativas de sus miembros en la medida en que éstos voluntaria y libremente se matriculen y quieran ser parte. Las organizaciones cuya matrícula es forzada jamás tendrán la representación de sus asociados”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Aboigados, Ramón L. Rosario Cortés, expresó que la Asociación de Abogados está preparada para acudir a los tribunales en defensa de ese derecho fundamental que permite a los abogados pertenecer o no a una asociación.
