Por redacción de Sin Comillas
Unos 263 cargos fueron radicados contra tres exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y otras 6 personas, por malversación de fondos públicos y fraude, como parte de un esquema de corrupción con fondos del Programa de CRECE-21, creado para certificar a maestros del sistema público. Se estima que se malversaron $73,000 como parte de estos hechos ocurridos entre junio del año 2011 y noviembre del 2012.
El esquema constó en defraudar al programa de Certificación y Re–Certificación, conocido como CRECE-21, mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados al ofrecimiento de talleres para maestros. Dentro de esos gastos se encontraban servicios de spa, comidas en ostentosos restaurantes, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros.
CRECE-21 no fue el único programa afectado por este esquema. Los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación, también fueron afectados económicamente tras los actos fraudulentos.
Esta situación llegó a la consideración del Departamento de Justicia a través de un referido de la Universidad de Puerto Rico. Durante la investigación colaboró la División de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
“Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la Universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario Miranda.
Juan Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo y actual profesor en ese recinto, enfrenta cargos por fraude, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, utilización indebida en servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 16 cargos.
De otra parte, a Juan Varona Echeandía, exrector de la UPR de Cayey y actual profesor en ese campus universitario, se le imputaron cargos por apropiación ilegal agravada, fraude, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.
Por otro lado, Yanaira Vázquez Cruz, exrectora de la UPR de Utuado y exayudante especial del presidente de la UPR, tendrá que responder por cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos, intervención indebida en operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 54 cargos.
Asimismo, contra Ada Liz López Hernández, excoordinadora de Proyectos UPR Arecibo y directora del Proyecto CRECE-21, se presentaron denuncias por apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de cien cargos (100).
Imputados con parentesco entre sí
Entre los parentescos de los imputados se destaca que Jonathan Ramírez Pérez es hijo del exrector de la UPR de Arecibo, Juan Ramírez Silva. Asimismo, se radicaron cargos contra varios miembros de un mismo núcleo familiar, ya que Ada Hernández Santiago es madre de Ada Liz López Hernández, directora del programa CRECE-21. A su vez, Hernández Santiago es abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR de Bayamón. Por su parte, Nilda Vázquez Cruz es hermana de Yanaira Vázquez, exrectora de la UPR de Utuado.
Jonathan Ramírez Pérez, asistente administrativo de la UPR de Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.
Por su parte, Ada Hernández Santiago (4 cargos), Jason Ortiz López (6 cargos) y Nilda Vázquez Cruz (2 cargos) enfrentan cargos por apropiación ilegal agravada y fraude.
Los gastos ilegales fueron posibles mediante el concierto y común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.
Por ello se radicaron un total de 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos. También, se presentaron 30 cargos por fraude, falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica, contra Marco Hernández Taforó, coordinador de cuentas por cobrar del hotel.
“Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al Pueblo de Puerto Rico. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos”, indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso.
Entre los hallazgos la bitácora de huéspedes reflejó discrepancia en los nombres incluidos para una misma reservación. De igual forma, los imputados certificaron que en las actividades de los talleres no hubo consumo de bebidas alcohólicas, pero la evidencia contrasta con dichas certificaciones. Los gastos ilegales ocurrieron a pesar de que en los acuerdos formalizados entre la UPR y el hotel para la realización de este tipo de actividades, se incluía desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas para los participantes.
La continuación de la vista de causa para arresto será el próximo 10 de noviembre de 2016 en la Sala de Investigaciones de San Juan. La jueza María de Lourdes Camareno estará a cargo de la vista.
