Por Luisa García Pelatti
A partir del 3 de mayo, la Junta de Control Fiscal radicó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una petición voluntaria bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para el Gobierno, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno. Lo hizo tras fracasar las negociaciones con los acreedores y para protegerse de las demandas, porque la paralización de los litigios se vencía el 1 de mayo.
Pero para radicar el Título III la Junta de Control Fiscal tenía que cumplir con algunos requisitos, entre ellos, mantener negociaciones de buena fe, divulgar toda la información financiera y nombrar un oficial de cómputo y un oficial de información. ¿Cumplió la Junta con esos requisitos?
Yasmín Colón Colón y Rolando Emmanuelli Jiménez, abogados expertos en quiebras, opinan que el tema puede generar cierta controversia. Algunos acreedores podrían cuestionar en el tribunal la legalidad de la radicación del Título III argumentando que no hubo negociaciones de buena fe y que tampoco hubo acceso a toda la información, porque los estados financieros más recientes son del año fiscal 2014.
Como parte del Título VI había que divulgar información como la lista de acreedores y lo que se le debe a cada uno. No ha sido hasta que se contrató a la firma Prime Clerk, en el mes de mayo, que se le asignó la responsabilidad de nombrar a un oficial de información que debe entregar la lista de acreedores el 3o de junio. Y habrá que esperar hasta finales de agosto para conocer una lista más detallada con la cantidad que se le adeuda a cada acreedor.
Los acreedores podrían solicitar la desestimación del Título III planteando que no se cumplieron los requisitos del Título VI, pero el tribunal no podría desestimar el caso antes de 120 días desde la petición, es decir, no antes de septiembre.
Colón y Emmanuelli consideran que es falso que el Título III sea bueno para Puerto Rico, porque la ley está creada para que los acreedores cobren.
La Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) estima que a Puerto Rico le tomará cinco años y $375 millones tener cuatro presupuestos balanceados y lograr acceso a los mercados de capital. Emmanuelli cree que serán más, y que la Junta estará, por lo menos, 10 años. “Yo no soy optimista de que esto va a resolver los procesos. Puede agravarlo, pero no podemos dejárselo a los bonistas”.
Opina que va a ser difícil cumplir con el plan de pagos incluido en el plan fiscal si se siguen tomando medidas que afectan a la economía. “Si el plan fiscal sigue como está, el plan de ajuste de deuda nunca sería viable”, opina Colón. “Esas son las lógicas que hay que darle a la jueza”.
Ambos creen que los acreedores tiene incentivos para tratar de seguir negociando y llegar a un acuerdo bajo el Título VI, porque la quita de la deuda va a ser mayor bajo el Título III.
