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Por redacción de Sin Comillas
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, inició las vistas del Proyecto de la Cámara 8, medida que busca volver a constituir la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG). El gasto inicial para la creación de esta oficina se ha estimado en $600,000.
La pieza, sometida por el gobierno ejecutivo, pretende centralizar las funciones de auditoría en la Oficina del Inspector General, a fin de atajar la corrupción pública, lograr mayor transparencia y las mejores prácticas de sana administración en el Gobierno.
A la audiencia compareció la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, quien favoreció la aprobación del proyecto. Para la Contralora, la iniciativa es esencial para el funcionamiento correcto del Gobierno de Puerto Rico. Valdivieso lamentó que por desconocimiento, la Legislatura de la pasada administración haya desmantelado la OIG.
“Apoyamos que esta medida sea aprobada y que se vuelva a crear la Oficina del Inspector General lo antes posible. Debemos tener un socio más en la lucha contra la corrupción”, sostuvo Valdivieso.
Reiteró que el objetivo más importante de la OIG, es conseguir una sana administración pública. “Es necesario tener todos los recursos de auditores internos disponibles para ir a cada una de las agencias y velar por la sana administración del día a día”, agregó la Contralora.
Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), favoreció el Proyecto de la Cámara 8, por entender que el Gobierno necesita contar con los mecanismos necesarios para fiscalizar las autoridades gubernamentales y lograr una sana administración pública.
El portavoz de OGP, Facundo Di Mauro, dijo que están el proceso de identificar los recursos para la entidad y que los mismos serán incluidos en el presupuesto del año fiscal 2017-2018.
Entretanto, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, también apoyó el proyecto. Dijo que la oficina anterior fue bien creada y que la misma cubrió un vacío que se tenía de lo que ocurría durante los procesos en las agencias.
No obstante, reiteró la necesidad de que se excluya al organismo que administra, a fin de garantizar la autonomía necesaria para llevar a cabo sus funciones ministeriales. “No eximir a la OEG de la aplicación de este proyecto provocaría que un organismo de la Rama Ejecutiva pueda pasar juicio sobre la manera en que desarrollamos nuestro trabajo, que incluye la auditoría de los informes financieros de las tres Ramas Constitucionales del Gobierno”, alertó la funcionaria, quien planteó que la Universidad de Puerto Rico debe estar sujeta a las auditorías de esta oficina.
