La empresa Colorada Fresh Pineapple, ubicada en el distrito de La Chorrera, Panamá, cultiva piñas para ser exportadas a Asia y Europa. (Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo)
El país participa del negocio global de agroquímicos dañinos a la salud, el ambiente y los abastos de agua. Las empresas — que los importan, exportan, fabrican y utilizan — operan en la opacidad, sin fiscalización de las autoridades.
Por Errol Caballero | Centro de Periodismo Investigativo y Concolón
El peón se asoma desde lo alto de la cuesta. Moreno y voluminoso, está vestido con overol gris y un sombrero de ala ancha. Es parte de la indumentaria utilizada en los cultivos de piña que se supone que lo proteja al momento de aplicar pesticidas y otros productos de riesgo.
Abajo, al inicio de la pendiente, está la casa de Isadora Rojas. Las coronas de las piñas se asoman desde la parcela de enfrente. Luce, como muchos campesinos, jeans y camisa de mangas largas a cuadros. Parada frente a la entrada del chalet a medio empañetar, pisando la tierra aún ensopada por el reciente aguacero, recuerda el olor que le avisa cuando fumigan en la plantación. Cuando lo percibe se apresura a cerrar las puertas. Pero el químico que viene cayendo desde arriba termina por inundar la calle La Esperanza donde vive junto a sus tres hijos: Cristián, Miguel y Alexis.
La familia reside en el área agrícola del distrito La Chorrera donde el Gobierno de Panamá ha permitido el uso de químicos perjudiciales a la salud y prohibidos en 32 países, afectando los recursos de agua que suplen a más de la mitad de la población del país. Panamá no solo importa y utiliza estos químicos en sus campos, sino que también los produce y los exporta a otros países, participando de un multimillonario y cuestionable mercado global.
Para los Rojas no hay escapatoria: viven en un bajo, entre una colina y otra. El químico penetra hasta la habitación donde Cristián, de 23 años, yace acostado contra una pared con dibujos infantiles que aportan algo de color. Una discapacidad no le permite moverse. Isadora lo ha llevado a Ciudad de Panamá, a más de 66 kilómetros (41 millas), para que le revisen los pulmones, que no funcionan bien. Afuera se escucha el alarido de los gansos sobre el sonido del “grillo” — el tractor cuyos rociadores semejan las alas del insecto — pasando entre los cerros.
“¿Cómo me voy a alejar si el veneno está ahí cerca? ¿Para dónde vamos a ir? Yo no puedo sacar a mi hijo cargado hasta allá arriba”, inquiere, reviviendo la angustia.
Su familia es una de diez afectadas en la calleja — de apenas dos tiras de asfalto, con una franja de tierra y pedrejones en medio — que termina en la entrada principal de Colorada Fresh Pineapple. Son cerca de 40 hectáreas con colinas manchadas por cultivos a favor de la pendiente, con un pequeño lago formado por una quebrada represada y algunas viviendas alrededor. Aquí se cultivan piñas para ser exportadas a Europa y Asia, zonas en las que precisamente varios países han prohibido agroquímicos de los que Panamá tiene aprobados para uso restringido. Cada semana 6,000 kilogramos (13,000 libras) son enviados por barco y avión.
La Colorada es una de las comunidades del corregimiento de Iturralde, con una población de 6,431,354 personas, según cifras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Forma parte del distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, provincia que concentra el 80% de la producción piñera en el país.
El hijo de Isadora Rojas, Cristián, padece de distrofia muscular de Duchenne, un trastorno hereditario que afecta en su mayoría a los varones. (Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo)
De los cerros a los mercados europeos
Plantación adentro, en La Colorada, Las Yayas o Cerro Cama, o en el centro urbano de La Chorrera, la capital provincial, pasan “pick ups” atiborrados de piñas. Su amarillo refulge como pepitas de oro en medio del verde opaco de las coronas.
Es “Pineapple Country”. Así dice la promoción utilizada por Colorada Fresh Pineapple para atraer inversionistas en internet, aunque en los últimos seis años las tierras destinadas al cultivo y el número de productores ha decrecido. Las exportaciones generaron $7.5 millones en el 2020, la cifra más baja en siete años, una caída de $36.6 millones con respecto al 2013. Aún así, el año pasado el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) registró un incremento en la producción: 667 quintales más que en el 2020.
En el 2001 un estudio de la Bolsa Nacional de Productos S.A. estimó la cantidad de piña exportada por Panamá en 70 toneladas métricas al año, a un costo aproximado de $15.43 por caja. Hoy en día, el precio de la caja varía según el transporte utilizado: si se embarca, cuesta entre cinco y seis dólares, mientras que una caja con un peso promedio de 12 kilogramos (26 libras) enviada por vía aérea alcanza los 10 y 12 dólares en el mercado europeo.
Colorada Fresh Pineapple cultiva la variedad MD2 Golden, introducida por la multinacional Del Monte en los noventas. Reconocida por su sabor dulce, baja acidez y por su alto contenido de vitamina C, es parte del 75% de la producción piñera que es destinada al extranjero. Sus principales clientes están en Europa, en Holanda e Italia, y en el Oriente Medio.
La variedad de piña MD2 Golden es reconocida por su sabor dulce, baja acidez y por su alto contenido de vitamina C. (Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo)
En un video promocional, el CEO de Colorada Fresh Pineapple, James Gooden, un abogado tejano con experiencia trabajando en plataformas petroleras y en el negocio inmobiliario, se ufana de los 15,000 brotes que cultivan por semana en su finca ubicada en el corazón de una comunidad donde en los últimos años las tierras dedicadas al pastoreo de ganado se han convertido en parcelas dedicadas a la agricultura comercial.
Tanta producción es necesaria para equilibrar la inversión de los dueños de las empresas agrícolas. El 50% de la inversión en el rubro de la producción de piña es destinada a la compra de insumos y para labores de riego, según datos del Mici.
La demanda de la MD2 en el mercado internacional es uno de los factores que ha incidido en que quienes la cultivan incrementen la densidad de siembra — el número de plantas por hectárea — y que se decanten por procedimientos que faciliten la labor agrícola, como la siembra a favor de la pendiente, una práctica que propicia la erosión de los suelos.
La acción erosiva ha afectado las quebradas y pozos de agua, de acuerdo con los testimonios de vecinos como Moisés Montero y Antonino Valdéz, y una inspección realizada por la dirección regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) del Gobierno de Panamá a principios del año pasado.
El 26 de mayo de 2021 la directora de la provincia Panamá Oeste, Marisol Ayola, ordenó el inicio de un proceso administrativo en contra de Inversiones JPW S.A por “inicio de actividades sin Estudio de Impacto Ambiental y afectación de fuente hídrica, con una represa sin los permisos correspondientes”. La empresa es una sociedad anónima que maneja la operación de la finca piñera en la que Gooden aparece como presidente desde el 2019. Las autoridades ambientales decretaron el cese de las actividades agrícolas allí, pero los vecinos han sido testigos de que las faenas han continuado.
La resolución de MiAmbiente menciona además que Colorada Fresh Pineapple opera sin estudio de impacto ambiental, como constataron los funcionarios ambientales en la inspección de enero del 2021. Esto a pesar de que el artículo 7 de la Ley 41 de 1998 establece que los proyectos o actividades que puedan generar riesgo para el ambiente deben disponer de “un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución”.
Para esta investigación se envió un cuestionario a MiAmbiente, para conocer cuál es la situación de la empresa con respecto al estudio de impacto ambiental requerido, pero no se obtuvo respuesta. Además, se buscó en el registro de MiAmbiente, mas no se pudo encontrar ningún estudio de impacto ambiental para la empresa Inversiones JPW Panamá ni para Piñas del Oeste, S.A., quienes vendieron la plantación en el 2017. Esta última sociedad tiene como actual presidente a Lucas Alemán Healy, que pertenece a una reconocida familia de abogados y es el director de país de Codere, una multinacional que es concesionaria del Hipódromo Presidente Remón, en la Ciudad de Panamá.
El impacto nacional en el agua
Los directivos de Inversiones JPW S.A. tampoco acataron la instrucción del MiAmbiente de eliminar la represa con la que almacenan agua en un pequeño lago para ser empleada durante la estación seca. En el cauce, los inspectores reportaron el “arrastre de sedimentos y lixiviados, que llegan a la quebrada” desde las pendientes que son utilizadas para los cultivos. Un lixiviado es un líquido residual, generalmente tóxico.
La quebrada en cuestión es un afluente del río Los Tinajones, que a su vez se une con Los Hules antes de desembocar en el lago Gatún, que alimenta al Canal y a ocho potabilizadoras que abastecen a las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Estos ríos, junto al caño Quebrado, conforman una subcuenca que es parte del área de captación hídrica de la vía acuática.
Foto suministrada por Alianza para la Conservación y el Desarrollo
Es una situación que afecta un recurso estratégico nacional: del agua de la cuenca depende no solo el Canal sino aproximadamente el 55% de la población.
Río abajo, en La Colorada, a Moisés Montero un día se le murieron sesenta gallinas. Lo atribuye a los efectos del uso de agroquímicos en la plantación de Ananas Panamá, S.A., vinculada a la familia Pataro, uno de los nombres de mayor prestigio en el negocio de la joyería local. De acuerdo con un listado proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) en el 2018, en esta operación piñera se empleaban sustancias como diazinón, insecticida prohibido en 32 países y potencialmente cancerígeno. También se identificó diuron, un herbicida altamente peligroso y también cancerígeno, y glifosato, con potencial cancerígeno, uno de los cuatro herbicidas más utilizados en Panamá, a pesar de que en la vecina Colombia se suspendieron los rociados con este químico en el 2015.
También se usaron clorpirifós, un insecticida de uso restringido y tóxico para las abejas; carbendazim, un fungicida tóxico para la producción, mutagénico y prohibido en 29 países; el insecticida oxamilo, de toxicidad aguda, entre otros. Estas sustancias son ingredientes de productos registrados en el Listado de Insumos Fitosanitarios Registrados de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV) del Mida, actualizado en abril del 2020.
Desde el 2016 Moisés Montero, su esposa Neila y su hija Keila; Isadora Rojas y su familia; y otros vecinos han denunciado afectaciones de salud. Alergia, dolor en las glándulas y en los oídos, irritación en los ojos, vómitos, picazón, debilidad, desmayos, presión alta, problemas respiratorios, entre otros. El centro de salud más cercano y que funciona con normalidad está en El Espino, a 45 minutos.
“A mi hija le empezó a dar alergia, vómitos, se le inflamaban los párpados… una vez perdió 22 días de clase, tenía cuatro años. En el Hospital del Niño una alergóloga le hacía exámenes. No le salía que era alérgica a nada, me decían que eso iba en el ambiente”, relató Moisés, quien antes de la incautación de su propiedad se ganaba la vida criando pollos y puercos. Ahora conduce para Uber.
Los problemas de salud se relacionan con agroquímicos — cuyo uso debe ser regulado por autoridades —- que son usados por Ananas Panamá y Colorada Fresh Pineapple. La casa de los Montero queda entre ambas plantaciones, por lo que se ha convertido en el fiscalizador comunitario de la actividad piñera.
Campechano, afable pero firme, lleva años retando a ambas empresas. A Ananas los demandó en los tribunales de La Chorrera por contaminación de aire y suelo por el uso de plaguicidas, pero la causa fue suspendida sin que se lograra comprobar los cargos contra la empresa.
En el 2018 un juez ordenó el embargo de la finca de Moisés y Neila, después de que presentaran otra querella ante MiAmbiente que tampoco prosperó. Ananas demandó a la pareja por $25,000 por “daños morales y perjuicios”. Pero en esta oportunidad el juzgado no accedió a las pretensiones de los piñeros de penalizar a los Montero por sus denuncias ante las autoridades y los medios de comunicación.
Después de que presentaran una querella ante el Ministerio de Medio Ambiente en 2018, que no prosperó, un juez ordenó el embargo de la finca de Moisés Montero y su esposa Neila. Ahora conduce para Uber. (Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo)
En cuanto a Colorada Fresh Pineapple, Moisés graba las operaciones en la propiedad como prueba de desacato ante la orden de paralización emitida en mayo por MiAmbiente. “Ellos están cometiendo varios delitos ambientales, en abierta impunidad”, expuso la abogada Susana Serracín, de la Alianza por la Conservación y el Desarrollo, quien presentó una denuncia penal contra la empresa el año pasado por “impacto negativo en el ambiente, las fuentes de agua y la salud humana”.
El 22 de septiembre el Mida respondió a una solicitud de información enviada días antes por Moisés, donde pedía la ficha técnica de los agroquímicos utilizados por Inversiones JPW S.A. La entidad afirmó no contar con estos registros. Posteriormente, tras recibir un cuestionario como parte de esta investigación, la DNSV respondió que los productores están obligados a llevar un registro de los insumos agrícolas utilizados, incluyendo los agroquímicos, que deben estar registrados en el país.
Ríos asfixiados
Un brochure empresarial, destinado a atraer a inversionistas interesados en adquirir un lote de producción piñera — la hectárea está disponible desde $99,500— presenta información sobre el uso de fertilizantes que contienen potasio, nitrógeno y fosfato. Menciona, además, la aplicación de fungicidas, herbicidas y hormonas de crecimiento.
La presencia de nitrógeno y fosfato en la cuenca del río Caño Quebrado no es reciente. Está documentada en un informe que data de 1999. Son dos sustancias que aceleran el crecimiento excesivo de las algas, lo que conlleva a una carencia del oxígeno disponible para el resto de las especies acuáticas.
En 2001, Carmelo Martino, un funcionario de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, advirtió sobre la “gran cantidad de agroquímicos” empleados en los cultivos piñeros, subrayando la necesidad de resguardar las fuentes hídricas y la salud de los niños. Un diagnóstico de las subcuencas de los ríos Los Hules, Tinajones y Caño Quebrado recomendó en 2002 reducir el uso de plaguicidas y evaluar el “potencial de lixiviación” de estas sustancias en la zona piñera. Alertó, además, sobre problemas para la vida acuática debido a los niveles de oxígeno presentes en las aguas de los dos primeros ríos.
Es un pronóstico que parece cumplirse hoy. En el punto donde los ríos Los Hules y Tinajones se unen, Antonino Váldez, un campesino que ha organizado a la cercana comunidad de Cerro Cama para enfrentar los riesgos ambientales derivados de la producción piñera narra que “se pone el agua de un color oscuro, que se ve que no tiene oxígeno, y ahí ocurre la mortandad de peces”. Lo mismo sucede en Caño Quebrado. La contaminación puede ser concentrada en los cuerpos de agua por intensas lluvias o periodos de sequía que reducen los cauces en escenarios de variabilidad como parte del cambio climático, indicó Mario Arosemena, biólogo e investigador asociado del Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad de la Universidad de Panamá.
La inspección de MiAmbiente en enero reportó el uso de pesticidas regulados en la plantación de Colorada Fresh Pineapple. Aunque su uso no esté prohibido sí debería ser restringido o condicionado a un manejo especial. Esta información está detallada en las etiquetas de los productos.
Desde el 2011 el Mida prohibió mediante una resolución la aplicación de este tipo de químicos cerca de escuelas, viviendas, fuentes de agua y otras zonas catalogadas como áreas críticas. La resolución número 42 creó una zona de seguridad o amortiguamiento de 75 metros (246 pies), con el objetivo de resguardar la salud de la población. Los primeros “10 metros que separan las áreas críticas de los bordes de la siembra no deberán utilizarse para la actividad agrícola”; en los 65 metros restantes la aplicación de agroquímicos restringidos queda prohibida.
La plantación de Colorada Fresh Pineapple viola estas disposiciones cada vez que fumiga — con una frecuencia de un día por medio, según los testimonios —, en parcelas que corren en dirección a una quebrada represada, en otras ubicadas a escasos metros de las viviendas de Calle La Esperanza y a 15 o 20 metros de un pozo desde donde se extrae agua para más de 100 familias de la zona.
Los vínculos corporativos tras una plantación
Colorada Fresh Pineapple está rodeada de un entramado de empresas que comienza en Panamá y pasa por Guatemala, solo para terminar nuevamente en Panamá.
El principal oficial ejecutivo de Colorada Fresh Pineapple, Gooden, aparece en el sitio Opencorporates vinculado a por lo menos siete sociedades establecidas en Panamá, entre ellas Inversiones JPW S.A. y Estoril Panama Corp. Esta última maneja el negocio de inversionistas norteamericanos, europeos y de otras partes del mundo, que tienen títulos de propiedad en los terrenos de cultivo de Colorada Fresh Pineapple. En un video publicitario, Gooden, presidente también de Estoril Panama Corp., invita a los interesados a visitar la plantación y a probar las piñas.
El Ministerio de Medio Ambiente de Panamá expresó que Colorada Fresh Pineapple opera sin estudio de impacto ambiental. (Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo)
El 14 de septiembre de 2021 Inversiones JPW S.A. y Estoril Panama Corp. designaron como apoderado general a Donald Jerome Ewert, quien, según su perfil público, posee experiencia como agente de bienes raíces en California y con proyectos de desarrollo de tierras en Colombia y Costa Rica.
Entre los poderes otorgados a Ewert por las juntas de accionistas de las dos sociedades están adquirir bienes, cumplir con las responsabilidades financieras, firmar contratos, representar al propietario o quien otorga el poder en cualquier acto administrativo.
También se le da el poder de endosar o transferir acciones emitidas por la empresa guatemalteca Oxec, Sociedad Anónima, así como negociar y suscribir documentos y contratos.
Oxec, conformada en 2011, es propietaria de un proyecto hidroeléctrico cuya construcción suscitó un conflicto ambiental con las comunidades indígenas afectadas en el departamento de Alta Verapaz. A su vez, pertenece a Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá en el 2011, y cuyas acciones fueron transferidas en el 2016 a manos de otra corporación con los mismos accionistas, ERC Capital, Corp.
Sin esperanza de salud
En Panamá Oeste, Inversiones JPW Panamá ha sido denunciada por Isadora Rojas ante el Ministerio de Ambiente, Mida y el juez de paz. En sus denuncias Isadora no menciona a Inversiones JPW Panamá, sino que utiliza el nombre comercial, Colorada Fresh Pineapple. En 2019 envió una misiva al juez de paz, Oscar González, mas no obtuvo respuesta.
Isadora Rojas, residente en el área agrícola del distrito La Chorrera, Panamá, ha denunciado la situación de salud de su familia a varias entidades gubernamentales. (Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo)
Rojas detalló los problemas de salud padecidos por ella, sus hijos, su padre de 84 años, su madre de 79, y cinco de sus hermanos. Todos viven en la calle La Esperanza. Añadió el diagnóstico de Cristian: distrofia muscular de Duchenne, un trastorno hereditario que afecta en su mayoría a los varones. La enfermedad debilitó sus pulmones, situación que es agravada por las “aplicaciones frecuentes de agroquímicos”. Cuando se pone mal, su madre debe llevarlo a una clínica privada en La Chorrera. Tal vez tenga que recurrir a un respirador en el futuro.
“Si los que están a cargo y que se supone que nos tienen que cuidar no lo hacen, nosotros cómo vamos a hacer si no nos ayudan”, recalcó. Esta investigación intentó obtener una reacción del Municipio de La Chorrera, pero aseguraron no tener conocimiento de esta denuncia, a pesar de que cada municipio debe llevar estadísticas de los asuntos que conocen los jueces de paz.
El problema de la contaminación por agroquímicos y su efecto en la salud es viejo. Entre los años 2001 y 2005, un estudio del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud, la institución científica más antigua y prestigiosa de Panamá, identificó que el distrito de La Chorrera reunía a ocho de 16 corregimientos con la tasa de incidencia de cáncer más elevada a nivel nacional. Es una lista encabezada por los corregimientos de Amador, Herrera y La Represa. Todos ubicados en las subcuencas de Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado.
Entre los factores de riesgo ambiental mencionados por el informe está “la utilización de la zona como área de uso intensivo para el cultivo (especialmente las piñas), en época reciente (a partir de la década de 1980)”. Entre los químicos mencionados por su potencial cancerígeno están el herbicida diuron y el fungicida mancozeb. Del primero hay evidencia de su uso en los últimos años en la zona de producción de La Colorada. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Cáncer, en 2018 se registraron 440 defunciones por tumores malignos en Panamá Oeste, la cifra más alta en siete años. El número de casos aumentó: de 646 en el 2014 a 1,332 en el 2018, disminuyendo a 1,156 en el 2019.
Fallos de los fiscalizadores, ganancia para algunos
Los expertos consultados enfatizaron la necesidad de que se realicen monitoreos de agua y suelo para determinar los potenciales efectos de la contaminación por agroquímicos. Si bien el Mida afirma que cuenta con el “personal idóneo y capacitado para la toma y envío de muestras al laboratorio para los controles de calidad”, esto no se ha hecho de forma sostenida a través de los distintos gobiernos.
Entre las competencias otorgadas por la ley 47 de 1996 a la DNSV, están supervisar el uso de plaguicidas y fertilizantes, y a los laboratorios que practican análisis de residuos tóxicos. Es una responsabilidad compartida con el Ministerio de Salud (Minsa), que, por medio de la Dirección General de Salud Pública, tiene la potestad, de acuerdo con el decreto ejecutivo 305 de 2002, de autorizar la importación de sustancias potencialmente peligrosas. La lista de la DNSV incluye 18 plaguicidas de uso restringido; 73 están prohibidos en Panamá.
En teoría, la Dirección General de Salud Pública puede, de forma conjunta con la Dirección Técnica de Plaguicidas, sugerir sustancias para ser incluidas en los listados de químicos a restringir o eliminar que manejan las secretarías de convenios internacionales que Panamá ha firmado, como el de Montreal y Estocolmo. Pero hasta ahora esto nunca ha pasado.
El convenio de Rotterdam está orientado a regular el comercio internacional de plaguicidas que pueden afectar la salud. En Panamá, el artículo sexto del decreto 305 del 2002 — firmado dos años antes de la entrada en rigor de Rotterdam, durante el gobierno de Mireya Moscoso — señala que el ingreso de estos químicos está permitido para “ciertos usos registrados”. No obstante, en la práctica muchas veces las entidades encargadas de la fiscalización — los ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud y Ambiente — tropiezan unas con otras.
“En general, la legislación existente muchas veces se encuentra dispersa en diferentes entes reguladores y puede incluso contener contradicciones y superposiciones de jurisdicción y funciones y responsabilidades”, evidencia un análisis sobre gestión de sustancias químicas, elaborado por el Minsa en 2005. Las limitaciones de presupuesto y personal condenan a estas tareas a un “cumplimiento muy débil”.
Algo similar sucede con lo dispuesto por el artículo quinto del decreto 305: “Todas las sustancias prohibidas o severamente restringidas en por lo menos cuatro Estados [países], lo serán también en el país”. Y, sin embargo, la lista de insumos fitosanitarios del Mida incluye plaguicidas que están prohibidos hasta en 115 países, como, por ejemplo, el endosulfán, registrado a nivel local por una empresa de Costa Rica. Esto abre la puerta a un ingreso y comercialización sin restricciones.
Esto es aprovechado por multinacionales como Shandong Weifang Rainbow Chemical, uno de los pesos pesados de la industria china de agroquímicos. Cuenta con presencia en 70 países, casi todos en Sur y Centroamérica. En Panamá está Agroiris S.A., empresa a través de la que comercializa, importa y exporta agroquímicos. Es la subsidiaria oficial. Pero no es la única que tienen en Panamá.
Agroquímicos peligrosos “Made in Panamá”
Lejos de las fértiles montañas de La Chorrera, en las riberas del Canal, opera Rainbow Agrosciences (Panamá) S.A. La compañía, registrada en el 2012, aparece en la lista de las empresas activas dentro del Área Económica Especial Panamá Pacífico. Es un grupo selecto, donde destacan multinacionales como Caterpillar, Dell, 3M, Heinz, Federal Express, Johnson & Johnson y BASF.
Desde esta zona comercial, que está regida por una legislación propia, Rainbow Agrosciences formula, fabrica y exporta agroquímicos peligrosos para el ambiente y la salud humana. Uno de ellos es Deltaprid, que, de acuerdo con la etiqueta del producto, es un insecticida compuesto por deltametrina, sustancia que puede alterar el metabolismo y el sistema reproductivo humano; e imidacloprid, plaguicida muy tóxico para las abejas.
Dentro del catálogo de la compañía también está fipronil, plaguicida prohibido en 37 países. Bolivia ha sido uno de los destinos de exportación de Rainbow Agrosciences, con fungicidas e insecticidas, entre ellos la abamectina, cuya inhalación puede provocar la muerte.
Aunque no aparece en el portal de la empresa matriz Shandong Weifang Rainbow Chemical, desde el 2014 Rainbow Agrosciences tiene entre sus apoderados a Michael Groos, ciudadano alemán que ocupa el cargo de presidente regional. En 2014 Groos anunció el establecimiento de una planta en Panamá con miras a “incrementar la capacidad de la cadena de suministros, tener una operación de distribución más eficiente y responder de forma más rápida a los mercados de América Latina”.
Rainbow Agrosciences es una operación carente de transparencia. Su presidente era Vernon Emmanuel Salazar Zurita, quien renunció a su cargo como presidente el 9 de julio de 2021 y fue reemplazado por Katia Jannette Smith Chavez. La junta directiva de la empresa cambiaba así a Salazar Zurita, un presidente investigado en Panamá por malversación de fondos públicos en un proyecto deportivo que nunca se concretó, por Smith Chavez, quien figuraba mencionada en un escándalo de corrupción en Colombia relacionado al multimillonario caso internacional de sobornos de la constructora Odebrecht.
Con un total de 127 registros de químicos en Panamá, Rainbow Agrosciences y su matriz Shandong Weifang Rainbow Chemical es la segunda empresa con mayor cantidad de agroquímicos registrados en el país. Es solo superada por la multinacional guatemalteca Abonos del Pacífico que tiene 158 y opera tiene una fábrica de fertilizantes en Vacamonte, Panamá Oeste.
Otra filial de Shandong Weifang Rainbow Chemical en Panamá es Agroiris, S.A. Entre los herbicidas importados por Agroiris se encuentra el paraquat, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como de riesgo moderado, aunque capaz de producir la muerte “si el producto concentrado se ingiere o se desparrama por la piel”. Está prohibido en 46 países, pero es uno de los herbicidas más utilizados en el agro local en Panamá, de acuerdo con datos del estudio “Situación actual de los plaguicidas altamente peligrosos en Panamá”, publicado por el biólogo Raúl Carranza el año pasado.
De esta manera la contaminación se expande, a través del campo panameño y de la región. Lo hace a pesar de que, según la ley 47, la Dirección Nacional de Seguridad Vegetal tiene la potestad de restringir, prohibir o revocar el registro, ingreso, fabricación, maquila, formulación de plaguicidas y fertilizantes, si existen “razones técnicas y científicamente comprobadas”.
La huella tóxica de Rainbow
Algunos de los agroquímicos empleados en las plantaciones en La Chorrera están registrados por Rainbow Agrosciences, entre ellos el diurón y el glifosato. Es un tema que debería encender las alarmas, sobre todo cuando la Autoridad del Canal promueve el desarrollo sostenible en su cuenca hidrográfica y adelanta estudios para garantizar el suministro de agua.
En los últimos siete años la variabilidad climática provocó récords de precipitaciones y descensos históricos en los niveles de los embalses en los lagos de los que depende para su operación. Esto forzó la adopción de medidas como la reducción de calado y ajustes en el peaje. El agua no fue problema en el 2021 ya que la lluvia cayó de forma abundante lo que le permitió al Canal operar al máximo de su calado y superar el tonelaje de 2019 y 2020.
Mucho ha cambiado desde la década de los treinta, cuando por la casa de Carranza en La Pintada, en la provincia de Coclé, fumigaban con Dicloro Difenil Tricloroetano (D) para erradicar los mosquitos que transmitían la malaria. Después, en los setentas, vino la apuesta por los agroquímicos como forma de modernizar el agro.
Hoy en día, Panamá no solo importa y utiliza químicos dañinos en sus campos, sino que produce y exporta, participando de un mercado global que en 2020 estaba valorado en $4.800millones, según un reporte de BBC. Un negocio controlado por multinacionales como Bayer, BASF, Yara, Syngenta, etc; y que tiene como referentes locales a Fertilizantes de Centroamérica, Empresas Melo, Rocasa y Cruz del Sur Duwest, entre otros. Es un camino que se aparta de la sostenibilidad y amenaza la salud.
En este contexto, la aplicación estricta de las leyes que regulan el uso de estos productos y el monitoreo por residuos tóxicos es fundamental. Así lo intuyó Jaime Espinosa González, científico fallecido del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, en un ensayo de 1984. “¿Qué es de mayor valor, los costos de esos controles o nuestra vida?”
Esta investigación fue posible en parte con el apoyo de Para la Naturaleza, Open Society Foundations y la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL).
