Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Directores del Instituto de Estadísticas manifestó su rechazo a la consolidación del Instituto en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercios (DDEC). En una resolución, denuncia que esa consolidación significa la pérdida de independencia, la destitución del director Ejecutivo, Mario Marazzi Santiago, y de la Junta de Directores.

El Proyecto de la Cámara 1403, que con seguridad aprobará la Legislatura hoy, propone crear un Programa de Estadísticas en sustitución del Instituto bajo el control del Secretario del DDEC. La Junta de Directores del Instituto no cree que ese programa pueda ejercer la fiscalización, objetividad e independencia de criterio que es necesario para trabajar proyectos estadísticos, para fiscalizar la confiabilidad de las estadísticas producidas por otras entidades públicas y para requerir la transparencia, entrega y publicación de datos.

La Junta de Directores del Instituto señala que los cambios propuestos “implicarían un retraso y perjuicio sustancial en cuanto al acceso rápido de datos confiables para fines científicos, académicos, formulación de política pública y toma de decisiones gubernamentales y de negocios en Puerto Rico”. Inclusive, la aprobación del PC 1403 para implantar el Plan 7 podría ser ilegal y contradictorio con la propia Ley 122-2017.

La Junta de Directores hace un recuento de los logros del Instituto desde su creación en el 2007 y señala que a pesar de todos ellos, en 2017, “el Gobernador inició esfuerzos para poder controlar y manipular al Instituto, bajo la premisa –a todas luces incorrecta– de que su control sobre el Instituto era necesario para que el Gobierno de Puerto Rico pudiese cumplir con sus obligaciones bajo PROMESA”. El Gobernador trató, sin éxito, de remover a varios miembros de la Junta de Directores del Instituto.

El Gobierno tampoco ha hecho caso de los numerosos organismos que han defendido la independencia del Instituto, desde miembros del Congreso de los Estados Unidos, científicos, académicos, estudiantes, asociaciones profesionales, periodistas, medios de comunicación, prestigiosas organizaciones en Puerto Rico, en Estados Unidos e internacionales, hasta la propia Junta de Control Fiscal.

El Instituto tiene sólo 14 empleados, de los cuales solo dos llevan a cabo funciones administrativas, por lo que la propuesta de consolidar al Instituto con el DDEC no se justifica porque vaya a generar ahorros en gastos administrativos.