Por redacción de Sin Comillas
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Espacios Abiertos y el Programa de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana están a favor de derogar la Ley de Datos Abiertos (Ley 22) y Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141), ambas de 2019.
Las entidades sin fines de lucro recomendaron la creación de nueva legislación que garantice el acceso a la información pública. “El acceso a la información hoy no es mejor que antes. La situación, al menos para los periodistas, es la misma, y en ocasiones, es peor”, subrayó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
La periodista mencionó que las protecciones que brinda la Ley 141 ha resultado en un atraso en la entrega de información por parte de las agencias de gobierno, pues aseguró que “se escudan en los 10 días que antes no tenían, para postergar información que no les conviene entregar”. “Esta es una crasa limitación a la libertad de prensa y el acceso a la información”, manifestó la periodista.
Por su parte, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, destacó que las leyes están plagadas de deficiencias reconocidas no solo por académicos y organizaciones, sino por los autores del Índice Global del Derecho a la Información (RTI Index) que fueron recogidas en el informe que publicó la Red de Transparencia de Puerto Rico en mayo de 2020.
Estas organizaciones presentaron sus ponencias ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que investiga el cumplimiento de las leyes 22 y 141 de 2019.
Durante el proceso de vistas públicas, el Departamento de Justicia señaló la mayoría de las solicitudes de información que recibe la agencia son denegadas. De un total de 18 peticiones registradas desde que se implementó la Ley 141, Justicia solo ha concedido tres y otras cuatro fueron conferidas parcialmente.
Por su parte, el director ejecutivo del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS, en inglés), Enrique Volckers Nin, indicó que ninguna de las agencias ha cumplido con el nombramiento de un Oficial de Datos como requiere la Ley de Datos Abiertos. PRITS es la entidad encargada de implementar la política pública de la Ley de Datos Abiertos.
