Por redacción de Sin Comillas

El informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos publicado por Amnistía Internacional señala a Puerto Rico por la falta de medidas gubernamentales para ayudar a miles de personas que se quedaron sin hogar durante los terremotos, el aumento de feminicidios durante la pandemia y uso excesivo de la fuerza policial durante los toques de queda.

“El 2020 fue un año que puso a prueba a todos los gobiernos del mundo. En Puerto Rico empezó el año con una serie de terremotos que afectaron las viviendas de miles de personas. A más de un año de los terremotos aún hay cientos de familias que no recibieron las ayudas estatales o federales debido a la burocracia gubernamental. Seguido una pandemia que agudizó la situación de violaciones de derechos humanos en especial entre las poblaciones marginadas del país”, expresó Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.

Violencia contra las mujeres

El informe señala el aumento de la violencia de género contra mujeres, niñas y personas trans durante la pandemia del COVID-19. Esto debido a mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de libertad de circulación y la falta de mecanismo adecuados para denunciar a sus maltratadores y reducción o suspensión de servicios.

“El gobierno fue incapaz de implementar medidas para prevenir y remediar el aumento en casos de violencia de género a pesar  del llamado por parte de grupos de profesionales y organizaciones. Las personas víctimas de maltrato de género fueron abandonadas durante el encierro por COVID-19”, expresó Gallardo.

Fuerza policial excesiva

En el informe también se resalta el uso excesivo de la fuerza policiaca para mitigar el impacto del COVID-19 en la isla.  Los Gobiernos de las Américas, incluyendo Puerto Rico, utilizaron medidas represivas en vez de salubristas para mitigar la pandemia por COVID-19.  Y en algunos casos, hasta intentaron coartar la libertad de expresión según el informe.

Según Gallardo, en tiempos de emergencia existe la falsa creencia de que los derechos humanos se dejan sin efectos. Algo muy lejos de la verdad, aún en tiempo de pandemia las personas tienen derecho a  expresar su opinión sin miedo a ser castigados.

En cuanto a los derechos de la comunidad LGBTTIQ+  el informe destacó el alza de asesinatos asesinatos de personas trans entre los que se encuentra el crimen sin resolver de Alexa Luciano Ruiz que causó indignación pública.  El informe resaltó que se presentaron por primera vez cargos federales por crímenes de odio por el homicidio de dos mujeres transgénero Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez.

“La comunidad LGBTTIQ es doblemente vulnerable durante las emergencias. La suspensión de servicios y acceso a recursos públicos los pone en desventaja. Los asesinatos de personas trans siguen sin resolverse y el manejo de estadísticas levanta serios cuestionamientos”, añadió Gallardo.

La pandemia aumenta la desigualdad

La situación de los derechos humanos en el mundo, documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, las personas migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia, mientras algunos líderes han aprovechado la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos.

Según el informe de Amnistía Internacional, la región de las Américas ha sido la más afectada. El COVID-19 ha puesto al descubierto y agravado la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas, ha afirmado Amnistía Internacional.

Las Américas ha sido la región más afectada por el COVID-19, con más de 54 millones de casos y 1.3 millones de muertes Estados Unidos, Brasil y México presentan las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo, luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud, no implementaran políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaran una transparencia plena.

“Durante el pasado año hemos visto cómo ciertos líderes de las Américas respondían a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo los errores que han dejado a la región asolada por la desigualdad, la discriminación y la destrucción, incluso antes del brote de COVID-19”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, en muchos casos estuvieron relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas al COVID-19, y en algunos países se obligaba a las personas a someterse a cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias ni de distancia física. Ante la persistente huida de la violencia, la pobreza y los efectos de la crisis climática, varios gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer el COVID-19, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo.

Con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, las autoridades de Estados Unidos detuvieron y deportaron sumariamente a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, y expulsaron a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, entre ellos más de 13,000 niños y niñas no acompañados hasta noviembre de 2020.

Las restricciones asociadas al COVID-19 también afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, que fue el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020. La policía o las fuerzas armadas también negaron o restringieron indebidamente el derecho de asociación y de reunión pacífica, y se registró uso ilegítimo de la fuerza en más de 12 países.

La injusticia y la discriminación raciales persistieron, y el homicidio de George Floyd impulsó a millones de personas en Estados Unidos a secundar las protestas de Black Lives Matter. La policía de Estados Unidos reprimió violentamente esas protestas y no protegió a manifestantes pacíficos de contra manifestantes violentos. Mientras tanto, la violencia policial en Brasil se intensificó durante la pandemia; la policía mató al menos a 3.181 personas —el 79% de ellas negras— entre enero y junio. La impunidad y la falta de acceso a la justicia seguían siendo un grave motivo de preocupación en gran parte de la región.

La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en las Américas, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron inadecuadas e insuficientes.

Muchos gobiernos no han hecho lo suficiente para conceder prioridad a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia. El aborto seguía estando penalizado en la mayoría de los países, lo que suponía un grave obstáculo para el derecho a la salud. El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana seguían prohibiendo totalmente el aborto, y 18 mujeres continuaban en la cárcel por cargos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador.

Los pueblos indígenas se vieron muy afectados por el COVID-19 debido al acceso inadecuado a agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales y falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y a medios de vida. Por otro lado, varios países declararon esencial el sector minero durante la pandemia, con lo que expusieron al contagio a pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas continuaron amenazados, ya que muchos gobiernos no garantizaban su consentimiento libre, previo e informado antes de dar luz verde a importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras.

América Latina y el Caribe seguía siendo la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente. Colombia seguía siendo el país más letal del mundo para los defensores y defensoras. No obstante, 2020 también trajo consigo motivos de esperanza, pues los defensores y defensoras de los derechos humanos lograron grandes victorias y se negaron a ser silenciados.

Argentina hizo historia en diciembre al convertirse en la mayor nación de América Latina en legalizar el aborto gracias a la campaña sostenida de un dinámico movimiento feminista. En noviembre,México se convirtió en el país número 11 de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para la protección del medioambiente y los defensores y defensoras de los derechos ambientales, por lo que entrará en vigor el 22 de abril de 2021. Y aunque las acciones sobre el cambio climático siguieron siendo limitadas en el continente, Chile fue el primer país de la región, y uno de los primeros del mundo, en presentar un objetivo de reducción de las emisiones en 2030.