Por Luisa García Pelatti
En noviembre, la Junta de Control Fiscal insistía en mantener el calendario establecido en la entrega (15 de diciembre) y aprobación (31 de enero) del Plan Fiscal. Y lo hacía a pesar de que el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, había decidido no entregar un plan. En ese momento la Junta sabía que las alternativas eran elaborar ellos mismos un plan o dejar que lo hiciera el gobierno de Ricardo Rosselló, que tomó posesión del cargo el 2 de enero.
Ahora, en una carta (Response_Letter_to_Oversight Board(1)_1870551781) enviada el 4 de enero por Elías Sánchez en nombre del Gobernador, dirigida al presidente la Junta, pide más tiempo y los acreedores (el grupo Ad Hoc de tenedores de Obligaciones Generales) respaldan que se les concedan 45 días más. La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) establece que si el gobierno no presenta el plan fiscal será la Junta la encargada de su elaboración. ¿Le concederá la Junta ese tiempo adicional?
El nuevo gobierno está trabajando en establecer un “grupo de trabajo de alto nivel”, tal como solicitó la Junta, pero el gobierno de Rosselló necesita más tiempo. “Simplemente, menos de un mes no es tiempo suficiente para que los nominados de la nueva administración y el grupo de trabajo de alto nivel entiendan completamente y puedan evaluar responsablemente los retos fiscales de Puerto Rico”, señalan en la carta.
Entienden que sería mejor darle a la nueva administración más tiempo, por lo menos 45 días más. De lo contrario, “se socavará la capacidad del gobierno para comprometer adecuadamente a los acreedores en negociaciones de buena fe para lograr una reestructuración consensuada de las deudas”.
El gobierno de Rosselló también reclama, como ya había hecho la administración anterior, extender la paralización de demanda de cobro por parte de los acreedores, que expira el 15 de febrero, hasta el 1 de mayo. Estos 75 días adicionales, son necesario, dice la carta, para poder completar las negociaciones con los acreedores, pero también para poner al día los estados financieros del Gobierno. Además, aclara que todavía no se han llevado a cabos las conversaciones oficiales entre la nueva administración y los acreedores.
El gobierno de Rosselló se muestra preocupado por que “un proceso acelerado para certificar un plan fiscal el 31 de enero de 2017″ y que no se considere cambiar la fecha límite del 15 de febrero para la paralización de las demandas de pago que permite PROMESA pueda precipitar la presentación del Título III, lo que significaría “declaración de quiebra de caída libre”.
Algunos acreedores respaldan que la Junta le otorgue al Gobierno 45 días adicionales para presentar el plan fiscal. En una carta enviada el 6 de enero, Andrew Rosenberg, abogado del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, que representa al grupo Ad Hoc de tenedores de Obligaciones Generales, apoya la extensión del plazo para presentar el plan.
Todavía la Junta no ha emitido declaraciones en respuesta a la carta del Gobierno, ni a la del grupo Ad Hoc.
Por otro lado, la Junta aún no ha nombrado un director ejecutivo.
