Por redacción de Sin Comillas
Una mayor colaboración entre las gestiones gubernamentales y la banca comercial; digitalización de las transacciones públicas; evitar la sobrerregulación; mejorar las estadísticas; estimular que el sector público maneje su liquidez utilizando la banca comercial y aumentar la bancarización, son las recomendaciones presentada en el estudio “La contribución socioeconómica del sector bancario en Puerto Rico”, realizado por de la firma V2A Consulting Puerto Rico para la Asociación de Bancos.
El estudio, que contiene información hasta finales del 2019, señala que el sector bancario de Puerto Rico está en una posición financiera muy sólida. Maneja unos $75,000 millones en activos, paga unos $167 millones en impuestos anuales y genera alrededor de 13,500 empleos directos.
El estudio analiza la profunda transformación que ha experimentado la banca en los pasados 25 años, pasando de 21 bancos comerciales registrados en el año 1995, a los seis actuales: Banco Popular, FirstBank, Oriental Bank, Citi, Banesco y Banco Cooperativo.
Los bancos comerciales manejan aproximadamente 5.2 millones de cuentas de depósitos, que se utilizan para satisfacer las necesidades de crédito de los distintos sectores de la economía. En el 2019, los bancos comerciales facilitaron aproximadamente 117,000 préstamos de consumo y líneas de crédito; 7,800 préstamos hipotecarios y 8,900 préstamos a negocios pequeños, medianos y grandes, para un total de $6,100 millones en balances de préstamos originados.
En los bancos había depositados, a finales del 2019, $13,700 millones de fondos públicos. Además, la red de sucursales permiten gestionar transacciones como renovaciones de licencias, venta de sellos y comprobantes, pago de servicios de utilidades, entre otros.
La banca comercial también es un gran consumidor de los productos y servicios de proveedores locales. En el 2019, los bancos invirtieron $587 millones en productos y servicios de suplidores locales, impactando así múltiples sectores económicos.
Los bancos comerciales efectúan aportaciones a través del cumplimiento de la Ley de Reinversión Comunitaria federal. La actividad prestataria comunitaria (que, entre otros, incluyó créditos para reconstrucción tras el huracán María) alcanzó un balance agregado de $686 millones en el año 2018 y $733 millones en el 2019. Asimismo, las inversiones en desarrollo comunitario alcanzaron en total $133 millones en 2018 y $218 millones en 2019. Además, los bancos donaron $3.5 millones a entidades sin fines de lucro.
Entre las recomendaciones que hace el estudio al sector bancario se encuentran:
- una mayor colaboración entre las gestiones gubernamentales y la banca comercial para aumentar los servicios individuales y comerciales, a la vez que se logra una reducción en gastos del gobierno, un incremento en las operaciones al ciudadano y una optimización en el servicio;
- digitalización de las transacciones públicas para acceso rápido a los datos;
- evitar la sobrerregulación de la industria por parte del gobierno local;
- mejorar los datos recopilada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) mediante la ampliación de la base de datos, para acceso a información más actualizada;
- estimular que el sector público maneje su liquidez utilizando la banca comercial; y
- promover la bancarización de la población, que actualmente se sitúa en 65%, una cifra muy baja si se compara con la de Estados Unidos (94%).
“Para la industria bancaria es importante poder constatar su rol, aportación e impacto en la isla. La banca comercial juega un rol imprescindible en las economías modernas, y en nuestro caso, en distintos renglones del bienestar socioeconómico de Puerto Rico tales como: la creación de empleos directos e indirectos, compra de productos y servicios locales, servicios al sector gubernamental y gestión comunitaria, entre otros. Hemos identificado la necesidad de tener datos actualizados como industria, que agrupe un análisis completo del desempeño de la banca. Esto, para continuar sirviendo a Puerto Rico de manera efectiva y eficiente”, expresó la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la ABPR.
