Lo que ha ocurrido con Argentina es una victoria para los fondos buitre que salen fortalecidos para seguir operando en el mundo
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Las agencias de calificación crediticia más importantes empiezan a mirar a Argentina con otros ojos. Y con ellas, los inversores internacionales. Fitch elevó el pasado 10 de mayo el rating en moneda extranjera del país a “B” con panorama estable. Tan solo unos días antes, Standard & Poor’s hizo lo propio al subir la nota de la nación hasta “B-” desde “Default Selectivo”. Estas noticias llegan unas semanas después de que Argentina pusiera fin a una suspensión de pagos que había durado 14 años.
El reciente Gobierno de Mauricio Macri entregó el 21 de abril los $9,300 millones que Argentina debía a los conocidos como fondos buitres, es decir, el 7% de los acreedores que rechazaron la reestructuración negociada de la deuda del país en 2004 y 2010 y que decidieron reclamar su dinero ante los tribunales de Nueva York. Tras la ejecución de los pagos, el juez estadounidense Thomas Griesa levantó las medidas cautelares que había impuesto al país y que le impedían cancelar la deuda que mantenía con sus tenedores de bonos, aquellos que sí habían aceptado la reestructuración de la deuda.
El siguiente paso del Ejecutivo argentino es pagar el dinero que debe a estos últimos acreedores. El primer movimiento en este sentido se tomó unos días después del pago a los fondos buitres con la colocación en el mercado de $16,500 millones de deuda, una operación que suponía la vuelta a los mercados del país y que resultó ser todo un éxito. El Ministerio de Economía colocó fácilmente cuatro bonos a 3, 5, 10 y 30 años con tipos que oscilaron entre el 6.25% para el plazo más corto y el 7.62% para el más largo.
En opinión de Julio C. Gambina, profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, “el acuerdo alcanzado recientemente con los fondos buitres ha sido posible gracias a un nuevo y mayor endeudamiento público que Argentina está imposibilitada de satisfacer en el futuro cercano, “lo que promoverá nuevos momentos de tensión e impago de la deuda. La deuda es una cáncer, es impagable por ilegítima, ilegal e incluso odiosa”.
“Las lecciones del acuerdo argentino con los fondos buitre no son alentadoras”, avisa Alan Cibils, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires, quien considera que no sólo los países latinoamericanos, sino todo el mundo, debería tomar nota de lo que ha ocurrido con Argentina. “Es una victoria para los fondos buitre que salen fortalecidos para seguir operando en el mundo (de hecho ya lo están haciendo en Puerto Rico, por ejemplo). Estos fondos no cumplen ninguna función de utilidad en el mercado, sólo buscan beneficiarse de naciones y empresas en crisis comprando bonos y acciones en los mercados secundarios”, argumenta. También denuncia que “la tasa de retorno de más de 1,000% de los fondos buitre en el caso argentino, pone en peligro futuras reestructuraciones de deuda soberana”. Se pregunta por qué habrían de acogerse tenedores de bonos en default a una reestructuración, como lo hizo el 93% de los acreedores de Argentina, si esperando y litigando podrían obtener una rentabilidad extraordinaria. “Ya no tiene sentido acogerse a una reestructuración. Esto significa que se reducen significativamente las perspectivas de reestructuraciones exitosas en el futuro”, augura. A su vez, subraya que el acuerdo argentino con los buitres debería ser una señal de alarma para los países que estén considerando endeudarse en los mercados financieros de los EEUU, “ya que sería mejor intentar hacerlo en Londres o Bruselas, donde existe algún tipo de protección legal contra este tipo de fondos”.
En último lugar, advierte de que Argentina vuelve a caer en los ciclos viciosos de endeudamientos en divisa para pagar deuda en divisa. Cibils considera que “este tipo de financiamiento piramidal es precisamente lo que llevó a repetidos defaults argentinos en las últimas décadas. Las altísimas tasas a las que se endeudó Argentina en la emisión de deuda reciente, dan validez a los cuestionamientos a la sustentabilidad del endeudamiento argentino”. A modo de conclusión, afirma: “Este acuerdo ruinoso no sólo es preocupante desde el punto del sistema financiero internacional, sino también desde el punto de vista del futuro a mediano plazo de la Argentina”.
Un camino lleno de dificultades
Argentina ha dejado de ser un paria de los mercados de deuda internacional, una situación a la que llegó en 2001, cuando dejó sin pagar unos $105,000 millones. Fue el mayor impago de deuda soberana de la historia, que solo ha sido superado recientemente por el default de Grecia. Aquel fatídico ejercicio, el país necesitó la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir adelante.
Pocos años después, el Gobierno llegó a un acuerdo con un 93% de los tenedores de títulos de la deuda, que aceptaron descuentos sustanciales respecto al monto original que debían recibir. El resto de acreedores, los llamados fondos buitre o holdouts (su término en inglés), rechazaron el acuerdo. Durante los años siguientes, Argentina se negó a pagar el valor integro de la deuda a estos acreedores que acudieron a los juzgados neoyorquinos, que declararon al país en desacato y prohibió que se realizara cualquier pago a los bonistas que habían aceptado la reestructuración, dando prioridad al cobro de los holdouts. Sin tener opciones de financiarse mediante la venta de bonos en el mercado internacional, el país ha sufrido serios problemas para sacar adelante su economía. La solución de la financiación interna resultó insuficiente cuando, con la caída de los precios de las materias primas, se frenó drásticamente la entrada de dólares al país.
La situación económica actual de Argentina no es fácil. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) del país caiga un 1% en 2016. Además, el Ejecutivo liderado por Macri tendrá que hacer frente a una inflación que ya supera el 30% en tasa interanual. De momento, el Gobierno ha anunciado que concluirá el ejercicio con un déficit fiscal del 4.8% del PIB, ya que el dinero obtenido en la subasta de abril le permitirá cumplir ese objetivo.
Problemas y soluciones
Fernando Méndez Ibisate, profesor de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, afirma que el origen de los problemas de endeudamiento de Argentina son principalmente las políticas comerciales, el gasto y endeudamiento público. Explica que los déficit externos de los países no son sino reflejo de los desequilibrios internos de los mismos y de sus necesidades de financiación, “bien porque se está animando en exceso el consumo o el gasto privado, cuyas necesidades deben cubrirse mediante bienes y servicios externos (si no se produce en el país todo lo que se consume) que habrá que pagar o con ahorro privado o, si éste es insuficiente, mediante financiación externa; bien porque el gasto público, el déficit público y el endeudamiento público son excesivos y deben atraerse igualmente fondos externos para su cobertura si la nación no ha generado los suficientes ahorros internos”.
Este docente observa que lo que ha ocurrido en Argentina no son problemas nuevos. Mantiene que en el lado del sector público siempre hay tendencia a un desequilibrio financiero que hay obligación de pagar, por lo que se utilizan medidas como las inflaciones o las devaluaciones de la moneda nacional, unas políticas monetarias que limitan al sector privado, que se ve forzado a lograr objetivos e intereses concretos de las autoridades.
Para evitar situaciones como la de Argentina, Ibisate propone a los países latinoamericanos operar en un doble sentido. Por un lado, “que el sector público intervenga lo menos posible, solo lo verdaderamente imprescindible (seguridad, justicia, legislación, representación diplomática y poco más), haciendo leyes que minimicen la arbitrariedad o la posibilidad de arbitrariedad (tanto en su aplicación como en su cumplimiento), que respeten la propiedad privada y vigilen por el cumplimiento de los contratos privados”. Y por otro lado, considera imprescindible “un estricto cumplimiento de unas finanzas públicas saneadas o equilibradas”, para lo que aconseja “establecer un tope al gasto público que no exceda de un porcentaje del PIB (por ejemplo el 30%), de modo que se establezca un sistema de ingresos tributarios justo, transparente, sencillo y suficiente para atender ese nivel de gasto público en todas las administraciones y sus niveles”. Asegura que el resultado de estas medidas “será una economía que no entre en defaults, ni en sospechas financieras respecto de terceros países y que se beneficiará de la confianza que un comportamiento serio, riguroso y veraz en tal sentido extiende en todos los mercados financieros internacionales”.
¿Quién será el próximo?
Los expertos considera que el caso de Argentina puede no ser el último en Latinoamérica, dado el actual contexto económico internacional. Para Gambina, “el endeudamiento público es una de las respuestas usuales ante la permanencia de la crisis mundial capitalista actual, por lo que no debe sorprender que el tema vuelva como preocupación en toda la región”. Puntualiza que “no se trata de hablar de un país en concreto u otro, sino de una nueva ronda de endeudamiento público y, por ende, nuevos casos de dificultades para cancelar vencimientos”.
Ibisate concreta que existen dos países que, por sus actuales características y largo tiempo incumpliendo directrices como limitar la intervención del gobierno en la economía y contener del gasto público, pueden situarse en riesgo de tener problemas financieros importantes: Venezuela y Brasil. Avisa a estos dos naciones de que “una vez que un país ha entrado en un proceso de default el retorno a la confianza del mismo en los mercados financieros es problemático, lento y nunca exento de sospechas hasta que demuestre su fiabilidad”. De hecho, vaticina que “Argentina aún mantendrá ciertos riegos, cierta desconfianza, como nación de problemática o difícil seguridad o fiabilidad y deberá mostrar un comportamiento muy distinto al de los últimos años durante largo tiempo para retornar al prestigio que alcanzara en el primer tercio del siglo XX”.
Sin embargo, si la confianza en el país sigue avanzando y las calificadoras de riesgo le otorgaran la deseada letra “A”, dijo Manuel Alvarado Ledesma, profesor de la Universidad de Buenos Aires, en un artículo de opinión en el diario argentino La Nación, “se abrirán extraordinarias posibilidades de acceso al océano de capitales, especialmente de los fondos de jubilación y pensión del mundo, que tienen tasas de interés reducidas. El panorama no da para descorchar vino espumante pero sí para albergar una interesante expectativa. No es fortuito que, luego de la resolución con los holdouts, los centros de análisis hayan comenzado a recomendar el aumento de inversiones en la Argentina”.
