Por Luisa García Pelatti

En Puerto Rico, la baja tasa de participación laboral es resultado de la combinación de políticas e incentivos equivocados, la mayoría de ellos federales, y una larga recesión económica. La eliminación de la Ley 80, la Ley de Despido Injustificado, no se traducirá en más empleos, sino en salarios más bajos y un mayor desempleo.

“La única forma de retener a los miles de trabajadores puertorriqueños que se están yendo de la Isla hacia Estados Unidos es ofrecerles nuevas oportunidades y bien pagadas, no despojándolos de beneficios”, señala Heidie Calero, presidenta de H. Calero Consulting Group, Inc., en el número más reciente de su publicación “Economic Pulse”, donde analiza algunos mitos del mercado laboral y sugiere mejores alternativas para incentivar el empleo.

La Junta de Control Fiscal no ha tomado en cuenta las particularidades de la economía de Puerto Rico al elaborar su propuesta de reforma laboral, cuya medida más controversial es la eliminación de la Ley 80.

La Junta ha explicado, de manera poco convincente, que la derogación de la Ley 80 ayudará a aumentar la tasa de participación y reducir la tasa de desempleo, permitiendo a las empresas “emplear a voluntad” o, como dice Calero, “despedir a voluntad”.

“El diagnóstico de la Junta es correcto”, explica la economista, pero la conclusión está equivocada. Si bien es cierto que la tasa de participación está entre las más bajas del mundo, en las actuales condiciones económicas, una tasa de participación más alta puede resultar en una tasa de desempleo mayor.

Además, reducir los beneficios a los trabajadores significaría menos incentivos para trabajar entre las personas que reciben fondos de asistencia social. “¿Cómo podemos entonces conciliar el objetivo de una mayor tasa de participación con recortar los beneficios de los que trabajan?”, cuestiona Calero.

“En un entorno económico deprimido, con salarios literalmente congelados, menores beneficios significa una menor prima del trabajo y un mayor incentivo para permanecer en el sistema de bienestar, o incluso en el economía informal”, explica. El 38.4% de la población de Puerto Rico recibe ayudas del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). En Estados Unidos la cifra es de 13%. “Esto es el resultado de una política federal y la eliminación de la Ley 80 no cambiará eso”.

Otro factor que puede afectar la reforma la laboral es la emigración. Eliminar beneficios hará que la opción de emigrar sea más atractiva.

Mientras algunos expertos señalan que la existencia de beneficios altos evitan que las empresas contraten más trabajadores, otros defienden la necesidad de ofrecer cierta seguridad a los trabajadores como una manera de incentivar la productividad. Estados Unidos y Reino Unido están en el primer grupo, con las tasas de desempleo más bajas (4.1%). En el segundo grupo estarían países como Grecia, España e Italia. Pero Calero dice que está la opción Nórdica: Suecia, Noruega y Dinamarca han encontrado un balance entre la proyección de los trabajadores y el “despido a voluntad”: la “flexiseguridad”. Se trata de un modelo de organización del mercado laboral que le da a las empresas flexibilidad para contratar y despedir empleados mientras que el estado ofrece generosos beneficios por desempleo, lo que les ha permitido es estos países mantener bajos niveles de desempleo.

“Puerto Rico puede aprender de las exitosas experiencias de otros países. Sin embargo, la flexiseguridad tiene una limitación en Puerto Rico: muchos trabajadores altamente cualificados se están marchando. De ahí la importancia del crecimiento económico”, plantea Calero.

¿Qué les pasa a los hombres?

Sobre la tasa de participación, hay un asunto curioso y alarmante que destaca la publicación. Mientras que la tasa de participación laboral de las mujeres ha estado aumentando, la participación de los hombres se ha reducido de 70.8% en los años 70 a 40.6% en el 2018.