Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal intentará el viernes lograr los votos necesarios para comenzar a negociar con los acreedores un nuevo plan de reestructuración de la deuda. La Junta se volverá a reunir este viernes, a las 10:00 AM. Será la vigésimo segunda reunión pública.
Recordemos que el pasado 30 de octubre se reunieron los actuales cuatro miembros de la Junta, incluyendo, por primera vez, a Justin Peterson, nombrado recientemente por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Arthur González.
Durante esa reunión, Peterson abandonó de manera abrupta la reunión cuando se iba a aprobar una resolución que autorizaría a la Junta a comenzar a negociar con los acreedores un nuevo plan de reestructuración de la deuda. La salida de Peterson dejó sin quorum la reunión.
Peterson, que en el pasado fue asesor de un grupo de bonistas, dijo que iba votar en contra del plan propuesto porque no es “equitativo, ni consensual y no se había hecho de buena fe”. Opina que le da más dinero a los pensionistas que han seguido recibiendo dinero del Gobierno y le quita dinero a los bonistas que durante mucho tiempo no han recibido pagos. “Advirtió que tiene “herramientas para frenar” a la Junta, lo que parece hacer referencia a que hasta que no se llenen los tres puestos vacantes, sólo hay quorum para aprobar medidas si votan los cuatro miembros actuales.
El plan de ajuste de la deuda propuesto en febrero se enmendó para incluir los efectos de la pandemia COVID-19 en la economía de Puerto Rico. En marzo, la Junta había solicitado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que detuviera el proceso de aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda sometido en febrero para que incluyera el efecto económico de la pandemia. La Junta inició la mediación con los acreedores en agosto, pero aún no ha llegado a un acuerdo para reestructurar la deuda.
La propuesta de Plan enmendado presentado en la reunión del 30 de octubre proporcionaría a los acreedores aproximadamente $6,000 millones en efectivo y aproximadamente $5,000 millones en bonos de obligación general, y un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) de hasta $ 1,000 millones. El CVI se basa en el ingreso de una porción del impuesto sobre las ventas y uso (IVU), si los recaudos exceden los estimados del Plan Fiscal Certificado en mayo de 2020.
Se presentaron tres escenarios del Plan. El escenario más pesimista resultaría en un déficit de hasta $1,000 millones anuales. El escenario más optimista dejaría al fisco en rojo por unos $500 millones.
