Resuelve las reclamaciones de recuperación contra el Gobierno y establece el marco para un Plan de Ajuste del Título III para la ACT

Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal ha llegado a un acuerdo con las aseguradoras de bonos Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y National Public Finance Guarantee Corporation para resolver los reclamos contra el Gobierno sobre fondos históricamente asignados condicionalmente a ciertas instrumentalidades del Gobierno (reclamos “clawback”), entre ellas a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC) y para reestructurar las deudas de ACT y ADCC. El acuerdo refleja los términos del acuerdo en principio anunciado el 12 de abril de 2021.

El acuerdo de apoyo al plan brinda un marco para reestructurar las deudas de la ACT y la ADCC y una plantilla para el trato de otras reclamaciones de acreedores similares contra la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno Puerto Rico (AFI) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

El acuerdo cuenta con el apoyo de los acreedores que tienen más de $2,000 millones en reclamaciones contra la ACT, incluidos más del 85% de los bonos de la ACT 1968, cerca del 50% de los bonos senior de la ACT 1998 y alrededor del 40% de los bonos de la ADCC.

“Este acuerdo contiene términos económicos positivos para Puerto Rico. Mi administración reconoce que los esfuerzos de la Junta de Supervisión para llegar a un acuerdo con las Aseguradoras de Bonos son un paso constructivo en el camino para dejar atrás la quiebra del gobierno de Puerto Rico y dirigirnos hacia un futuro de estabilidad fiscal y prosperidad económica. Reitero, sin embargo, que la Junta de Supervisión debe modificar un enfoque para proteger mejor a la clase trabajadora y a los pensionados del gobierno de Puerto Rico”, comentó el gobernador Pedro Pierluisi.

“Mientras continuamos revisando los detalles del acuerdo, mi administración se mantendrá firme en su posición de que la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico no debe requerir recortes adicionales a nuestros pensionados ni imponer cargas económicas que afecten desproporcionadamente a la clase trabajadora de Puerto Rico. Seguiré colaborando con la Junta de Supervisión, pero continuaré defendiendo enérgicamente los mejores intereses de las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico”, añadió.

Los tenedores de reclamaciones de recuperación recibirán un Instrumento de Valor Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) basado en el potencial rendimiento superior del Impuesto sobre Ventas y Uso del 5.5% de Puerto Rico en relación con las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de 2020.

Los tenedores de bonos de la ADCC recibirán $112 millones en efectivo, que incluyen cargos por restricción y costos de consumación, desde cuentas asociadas con el impuesto a las habitaciones de hotel históricamente asignados condicionalmente por la ley del Estado Libre Asociado a la ADCC. Esta cantidad representa una reducción fija de la cantidad de las reclamaciones de la ADCC de aproximadamente el 70%.

Los tenedores de bonos de la ACT recibirán aproximadamente $1,200 millones en nuevos bonos emitidos por la ACT y $389 millones en efectivo, que incluyen los cargos por restricción y costos de consumación. Estas cantidades, en conjunto, representan una reducción fija de la cantidad de las reclamaciones de la ACT de aproximadamente el 70%.

Los términos del acuerdo de apoyo al plan, junto con la liquidación previamente anunciada de reclamaciones de tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE), se incorporarán a un Tercer Plan de Ajuste Enmendado para reducir la deuda del Gobierno de Puerto Rico a niveles asequibles y sostenibles.

El acuerdo de apoyo al plan no afecta los demás términos del Plan de Ajuste existente, que se espera reduzca la deuda del Gobierno de $35,000 millones en reclamaciones pendientes en aproximadamente un 80% a $7,400 millones en deuda futura. Junto con la reestructuración de la deuda de COFINA ya completada, se espera que el Plan ahorre al Gobierno cerca de $60,000 millones en gastos del servicio de la deuda. Para el 13 de julio de 2021 está prevista una audiencia para considerar la aprobación de la declaración de divulgación relativa al Tercer Plan Modificado.

La Junta señala que continúan las negociaciones con los acreedores generales no garantizados y otros titulares de reclamaciones de recuperación.