Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal.

Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal alcanzó un principio de acuerdo con las aseguradoras de bonos Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y National Public Finance Guarantee Corporation para resolver los reclamos contra el Gobierno sobre fondos históricamente asignados condicionalmente a ciertas instrumentalidades del Gobierno (reclamos “clawback”), entre ellas a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC) y para reestructurar las deudas de ACT y ADCC.

El acuerdo proporciona un modelo mediante por el cual se atenderán reclamos de otros acreedores en situaciones similares en la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

El principio de acuerdo se incorporará al Plan de Ajuste que la Junta presentó el 8 de marzo de 2021 para reducir la deuda del Gobierno. El Plan de Ajuste reduce la deuda del Gobierno en aproximadamente un 80%, de $35,000 millones en reclamos pendientes a $7,400 millones en deuda futura. El Plan además le ahorrará al gobierno casi $60,000 millones en pagos del servicio de la deuda al incluir el servicio de la deuda de COFINA.

“El acuerdo al que llegamos durante el fin de semana es otro paso significativo hacia un Plan de Ajuste consensuado que puede sacar a Puerto Rico de la bancarrota”, dijo el presidente de la Junta, David Skeel.

“Seguiremos por este camino para llegar a acuerdos justos con los diversos participantes para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles y permitir que Puerto Rico se recupere y prospere”, añadió Skeel.

El acuerdo en principio atiende los reclamos de ingresos retenidos de ACT y ADCC de la siguiente manera:

  • Instrumento de Valor Contingente del Gobierno de Puerto Rico (“CVI”, en inglés): Los acreedores de recuperación (“clawback”) reciben un CVI basado en el desempeño potencialmente superior del impuesto sobre ventas y uso del 5.5% de Puerto Rico (IVU de 5.5%), basado en las proyecciones del Plan Fiscal Certificado 2020. Este instrumento incluirá distribuciones del “Clawback CVI” en el Plan de Ajuste existente, más un pago adicional proveniente del desempeño superior del 40% del 5.5% del IVU. El CVI se implementará y distribuirá de acuerdo con un Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico revisado que se presentará ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico.
  • ADCC: Se espera que ADCC inicie un procedimiento bajo PROMESA, y su plan de ajuste o modificación calificada se confirmaría bajo la misma cronología que el caso del Título III del Gobierno. Los tenedores de bonos de ADCC recibirán $112 millones en efectivo, incluidas las tarifas de restricción y los costos de consumación, de cuentas asociadas con el impuesto a las habitaciones de hotel que ha sido históricamente asignado por ley del Gobierno y de manera condicional a la ADCC. Esto representa una reducción fija de la cantidad de reclamaciones de ADCC en aproximadamente un 75%.
  • ACT: La Junta planifica presentar un Plan de Ajuste de ACT para el 31 de enero de 2022, lo cual le permitiría a la ACT salir de la bancarrota en 2022. Con respecto a ACT, los tenedores de bonos recibirán $1,200 millones en bonos recién emitidos y $389 millones en efectivo, incluida la restricción. honorarios y costos de consumación. Esto representa una reducción fija en la cantidad de reclamaciones de ACT en aproximadamente un 70%.

El principio de acuerdo no afecta los pagos máximos anuales del servicio de la deuda del Gobierno, ascendentes a unos $1,150 millones, tal y como se establece en el Plan de Ajuste del Gobierno, ahorrando hasta $3,000 millones cada año en el servicio de la deuda en comparación con los acuerdos contractuales anteriores a PROMESA.

El principio de acuerdo anunciado hoy se produce tras un acuerdo alcanzado la semana pasada con los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados (ERS, en inglés), a través del cual se ahorrarán aproximadamente $2,400 millones.

Las negociaciones continúan con los acreedores generales no garantizados y otros titulares de reclamaciones de recuperación (“clawback”).