Por redacción de Sin Comillas
Un estudio, comisionado por la organización CAMBIO, identifica las alternativas reglamentarias y legales existentes para instalar sistemas fotovoltaicos en las viviendas, un modelo propuesto por Queremos Sol.
“Presentamos un estudio legal que reitera la viabilidad de implementar la propuesta Queremos Sol. La investigación confirma que no existe impedimento legal para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pueda moverse de inmediato a la instalación de sistemas fotovoltaicos en techos de residencias. El estudio legal confirma que la AEE ya cuenta con procesos administrativos de acuerdo de servicios y constitución de servidumbres legales que permitirían establecer sin mayores contratiempos la relación entre la AEE y el consumidor (prosumidor) para la instalación de estos sistemas”, expuso Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO.
“Una vez más demostramos que tenemos la oportunidad de establecer un modelo energético que reduzca la vulnerabilidad de miles de familias en Puerto Rico. Lo que hace falta es voluntad política para impulsarlo”, añadió Vila Biaggi sobre la investigación “Acceso e instalación de placas fotovoltaicas en techos, derecho de servidumbres y registral inmobiliario”, realizada por Erika Fontánez Torres, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y experta en derechos reales y propiedad. “Para propósitos de brindar todavía mayor claridad, el estudio incluye una serie de recomendaciones de enmiendas a algunas de esas disposiciones para atemperarlas al modelo energético innovador que proponemos, centrado en la justicia social”, dijo.
Según estudios previos de CAMBIO, el 100% de los hogares de Puerto Rico pueden ser más seguros y abaratar costos energéticos si se comienzan a invertir desde ahora $9,600 millones de fondos federales disponibles – asignados para la recuperación por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a la AEE- para transformar el sistema eléctrico en uno basado en energía renovable por medio de sistemas fotovoltaicos en techos de viviendas y comercios. Los estudios sostienen que, con esas acciones, la isla puede generar el 75% de su energía de manera limpia y confiable en 15 años.
Por otro lado, en una moción que aneja el estudio, radicada ante el Negociado de Energía para responder a cuestionamientos surgidos en un taller técnico el 23 de junio, CAMBIO e IEEFA señalaron la falta de participación de LUMA Energy y de la AEE en las discusiones sobre los procedimientos de optimización de energía distribuida y minirredes que coordina el organismo regulador.
“Es profundamente preocupante que, hasta donde sabemos, ni LUMA ni el gobierno de Puerto Rico han abogado por el uso de fondos de FEMA para soluciones de energía renovable distribuida”, expusieron en el documento. “También nos preocupa que ni LUMA ni la AEE participaron de manera sustancial en la discusión de las alternativas de adquisición de energía distribuida durante el taller técnico del 23 de junio”, añadieron.
Ante dicho mutismo, CAMBIO y el IEEFA pidieron al Negociado que ordene a la AEE y a LUMA proporcionar cualquier comunicación que hayan tenido con FEMA con respecto al uso potencial de fondos federales para apoyar la energía renovable descentralizada y los recursos de almacenamiento.
Además, ambas organizaciones que participan activamente del procedimiento observaron que la discusión sobre la adopción de recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) en el Negociado de Energía aparenta centrarse exclusivamente en mecanismos de mercado en detrimento de la población con menos recursos económicos.
“Acentuamos que el 44% de la población de Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza”, señala el documento. “Las soluciones basadas en tarifas, como medición neta, tarifas de alimentación o de respuesta a la demanda, aún requieren que los propietarios asuman el costo inicial de la instalación de DER o tener buen crédito para poder alquilar a terceros. Ambas opciones representan obstáculos mayores para gran parte de los residentes de Puerto Rico”, indicó Cathy Kunkel, analista de finanzas en energía del IEEFA.
La propuesta Queremos Sol reconoce la energía como derecho humano y procura que todas las personas puedan disfrutar de los beneficios de la energía renovable sin importar su capacidad adquisitiva. Por esto ambas organizaciones proponen que los fondos federales asignados a la isla para la reconstrucción de la red eléctrica se utilicen de manera preferente en la instalación de sistema fotovoltaicos en techos, priorizando las comunidades de menos ingresos, de manera que nadie quede rezagado en la transformación hacia renovables.
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