Por redacción de Sin Comillas
El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, anunció que se presentó una resolución conjunta con la cual se busca separar $1,400 millones del Tesoro Estatal para restituir las aportaciones individuales que realizaron los servidores públicos al Programa de Cuentas de Ahorro, mejor conocido como “Reforma 2000” y el Programa Híbrido de Contribución Definida entre los años 2000 y 2017. La medida ha sido respaldada por la Junta de Control Fiscal.
Durante ese periodo se le requería a los empleados públicos participantes contribuir con el 8.275% y 10% de su retribución a estos programas, fondos que estarían disponibles para estos al momento de acogerse al retiro.
“Este dinero era retenido del salario de los empleados y enviado al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico para su segregación en cuentas individuales y eventual inversión para obtener un rendimiento. Sin embargo, debido a malas prácticas fiscales, ese proceso no se llevó a cabo adecuadamente y esos fondos fueron utilizados para cubrir otras obligaciones del Sistema de Retiro,” expresó el primer mandatario.
Rosselló Nevares añadió que “dichas prácticas fiscales llevaron a que actualmente el Sistema de Retiro se encuentre en virtual insolvencia y haya tenido que entrar en un proceso de reestructuración al amparo del Título III de PROMESA”.
La aprobación de la Ley 106-2017, logró que la actual administración garantizara en un 100% el pago de las pensiones de nuestros retirados, incluyendo los fondos que los servidores públicos aportaron a los programas antes mencionado entre el 2000 y el 2017. Ese dinero es incluido todos los años en el presupuesto de gastos de las entidades gubernamentales.
“Le damos la bienvenida a las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló en cuanto a que el manejo inapropiado de las aportaciones que hicieron empleados gubernamentales al fondo de Sistema 2000 tiene que corregirse”, dijo la Junta a través de un comunicado.
Sin embargo, la Junta lamenta que el Gobierno haya tomado esta decisión se haya hecho de forma aislada y fuera del Título III. “Desafortunadamente, en vez de apoyar el acuerdo entre la Junta de Supervisión y Servidores Públicos Unidos/AFSCME -que incluye reponer $1.4 millones en contribuciones de los empleados al Sistema 2000 como parte del plan de ajuste del gobierno-, luego de más dos años de su mandato, el gobernador ha optado por atender estas reclamaciones de forma aislada y fuera del Título III”.
“La deuda de Puerto Rico, tanto la de obligaciones de pensiones sin financiamiento y la deuda a los bonistas, debe ser reestructurada y resuelta de forma integrada como parte del plan de ajuste bajo el Título III. El Tribunal provee la mejor y única oportunidad para proteger a los retirados actuales y futuros, luego de las prácticas irresponsables de pasadas administraciones con respecto al tema de pensiones”, señala la Junta.
