Por Luisa García Pelatti
Como se esperaba, el Gobierno hizo uso de la Ley de Moratoria para no pagar la deuda de $422 millones que se vencía el 1 de mayo. El gobernador Alejandro García Padilla hizo el anuncio el domingo, en un mensaje televisado de poco más de 11 minutos. Este es el tercer incumplimiento de pago y el mayor en términos de la cantidad dejada de pagar. El primero fue en el agosto de 2015, correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Pública, y en enero de 2016 ocurrió el impago de bonos de la Administración del Financiamiento (AFI).
La primera consecuencia será la degradación de la clasificación de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de “SD” (incumplimiento de pago selectivo) a “D”, como había advertido Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service. Después podrían empezar a llegar las demandas.
Anunció que el sábado firmó una Orden Ejecutiva (OE-2016-14) que decreta una moratoria en el pago las obligaciones del BGF y declara un periodo de emergencia para el BGF y la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
El Gobernador dijo que dejó de pagar $367 millones. De la deuda de $422 millones se pagaron unos $22 millones en intereses y hay que restarle $33 millones del pago diferido a las cooperativas tras llegar a un acuerdo para intercambiar esas notas por otras con vencimiento el 1 de mayo de 2017. El BGF anunció, pasada la medianoche del domingo, un acuerdo preliminar con los tenedores de $900 millones de deuda del banco.
El domingo también se vencieron los siguientes pagos:
- $22.9 millones de Cofina
- $13.9 millones del Sistema de Retiro de Empleados
- $4 millones de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP)
- $3 millones de Obligaciones Generales
- $2.6 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
- $567,469 de la Compañía de Fomento Industrial
- $671,181 de la Autoridad de Carreteras
“Me dirijo a ustedes hoy para informarles dónde estamos en el manejo de la crisis fiscal que nos dejaron y que aún enfrenta nuestro país. Ayer, firmé la orden ejecutiva que autoriza una moratoria temporera en el pago de la cantidad parcial de la deuda de $422 millones de las notas del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Dicha deuda debía pagarse hoy, 1ro de mayo. La decisión de no pagar ha sido una decisión muy difícil y la cual francamente hubiese preferido no tomar, pero los que tomaron y gastaron esos préstamos, no dejaron fuente de repago”, dijo el Gobernador, que culpó al Congreso de Estados Unidos por no haber actuado antes y al que le exigió un mecanismo legal para reestructurar al deuda “ya”, porque “si el Congreso falla en autorizar un mecanismo para reestructurar nuestras deudas anticipo que la crisis será peor”.
“Le hemos pedido al Congreso una y otra vez que nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas. No queremos un rescate financiero. Ni nos han ofrecido un rescate financiero. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no les costará nada a los contribuyentes de los Estados Unidos. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable”.
“Quiero reiterar cuán doloroso ha sido tener que tomar esta decisión. Hubiera preferido contar con un marco legal que nos permitiera cumplir con todas nuestras obligaciones, incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores, con nuestros acreedores. Pero el enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra
gente, he tenido que elegir. Y elegí. Decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo”, añadió.
“No podemos cerrar el Centro Médico, que es la única instalación de salud que actualmente provee servicios a los pacientes con traumas múltiples. La situación es tan difícil que a duras penas podemos proveer los servicios que nuestros estudiantes de educación especial necesitan desesperadamente. Nuestros recursos económicos están tan comprometidos que estamos luchando para poder pagar la gasolina que necesitan las patrullas de nuestros policías y los camiones de nuestros bomberos. A este punto, sencillamente no tenemos dinero suficiente para pagar todos esos servicios y a la vez pagarle también a nuestros acreedores”, explicó.
García Padilla hizo referencia a un trato discriminatorio por parte de algunos acreedores, que “han convencido a algunos congresistas de que lo que Puerto Rico necesita, que lo que nuestra gente necesita no es un proceso justo de reestructuración; sino un castigo colectivo. Eso es lo que promueven. En una acción de pura codicia, algunos de los llamados fondos buitres y sus cabilderos quieren privar a Puerto Rico de tener acceso a herramientas legales para reestructurar su deuda”.
Dijo que le daría la bienvenida a una Junta de Supervisión Fiscal “que asistiera al gobierno de Puerto Rico en el proceso de balancear su presupuesto y mejorar su disciplina fiscal”, pero que se opone a una Junta de Control Fiscal con “funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu gobierno, decidiendo cómo se gasta tu dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, de enmendar o de derogar nuestras leyes a su antojo y sin ninguna responsabilidad de rendirte cuentas a ti”. Imponer una junta de este tipo, dijo, sería añadir una crisis política a la crisis fiscal, económica y humanitaria.
Entre los mayores tenedores de bonos del BGF están, según Bloomberg: Thompson Investment Management, con $24 millones; Frost Investment Advisors, $11.2 millones; Baird Financial Group, $5.1 millones; Texas Mutual Insurance Co., $2 millones; Merchants Mutual Group, $1.5 millones; y UBS Asset Managers of Puerto Rico, $1 millón.
