Por redacción de Sin Comillas

Los gastos fiscales ascienden a $23,271 millones, una cifra que duplica el presupuesto anual del fondo general. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que proporcionalmente más incentivos ofrece y donde menos se contabilizan los beneficios que aportan esos incentivos, según un estudio de Espacios Abiertos (EA).

No se incluyen estimados de impacto fiscal para casi la mitad de los gastos tributarios y ni los gastos relacionados a la Ley 154 de 2010 sobre el impuesto a las empresas foráneas y las contribuciones sobre la propiedad de los municipios.

Puerto Rico está a la cabeza de 29 jurisdicciones de Estados Unidos y de 92 países a nivel global, en cuanto al impacto fiscal de los incentivos económicos (también conocidos como incentivos o privilegios contributivos), respecto al tamaño de su economía usando tanto Producto Interno Bruto (21%) como el Producto Nacional Bruto (31%).

Los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. En Puerto Rico hay 463 gastos fiscales. Solo se reportan datos del 53.7%. En el año 2017, los gastos tributarios representaban $22,517 millones, en el 2022 la cifra ascendió a $23,271 millones y para el 2023 Hacienda proyecta que alcanzarán $23,669 millones.

“Casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del “presupuesto oculto”, pues es un gasto fiscal cuyo detalle no se conoce, señaló el economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de Política Pública de EA.

Desde 2019, el Departamento de Hacienda publica un informe de gastos tributarios. Sin embargo, según Espacios Abiertos, “el informe que publica Hacienda —ahora en su tercera edición— todavía carece de mucha información relevante tanto para los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto gubernamental como para la ciudadanía que tiene el derecho de conocer a dónde va el dinero público”.

“A pesar de su magnitud, gran parte de los gastos fiscales no se divulgan, convirtiéndolos en un presupuesto oculto que no pasa por escrutinio público. Como consecuencia de mantenerlos fuera del ojo público, es raro que estos gastos sean evaluados en términos de costos y beneficios”, subrayó el economista.

El informe utiliza datos obsoletos, al presentar un estudio en el año 2022 con datos que —en el caso de las corporaciones, que representan dos terceras partes de los gastos fiscales— son de los años 2016 y 2017.

El economista explicó que, oportunos y bien diseñados, los gastos tributarios pueden ser muy positivos. Hay gastos fiscales que han demostrado ser efectivos en ayudar a los contribuyentes, como el Crédito por Trabajo que fomenta el trabajo formal y ayuda a combatir la pobreza. Por otro lado, cuando son mal diseñados o no hay evaluación periódica/ oportuna sobre su eficacia o rendimiento, estos gastos pueden hacerse obsoletos o llegar a incumplir con sus objetivos por completo, sin generar beneficio para la sociedad o la economía que justifique el “gasto”.

“Desde Espacios Abiertos abogamos por una ley que requiera la preparación de un informe de gastos fiscales que incluya las mejores prácticas de divulgación donde se incluyan todos los gastos con su impacto fiscal correspondiente. Y este informe no estaría completo si no incluye la evaluación del rendimiento de cada gasto y cómo estos afectan social y económicamente a Puerto Rico”, puntualizó Santamaría Ots.