Reclama transparencia, rendición de cuentas y que se facilite la participación ciudadana con acceso a los documentos en el nuevo Código de Incentivos.
Por redacción de Sin Comillas
La organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) depuso en vistas públicas ante la Cámara de Representantes en nombre del pueblo de Puerto Rico solicitando un informe público de gastos fiscales. Pidieron que haya transparencia, rendición de cuentas, y que se facilite la participación ciudadana en el detalle de los incentivos contributivos que se otorgan a individuos y empresas. EA mantiene este reclamo respetando la información de índole confidencial de cualquier contribuyente. El Código propuesto mantiene ajeno del ojo público una gran parte de los incentivos contributivos.
En su ponencia ante vistas públicas de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico “PROMESA”, el analista senior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots hizo cuatro recomendaciones: 1) El Código debe evaluar en su totalidad las leyes de incentivos contributivos que existen en Puerto Rico. 2) Justificar por qué se mantienen y se siguen incentivando leyes que arrojan un retorno negativo de la inversión. 3) Que el Código propuesto informe y divulgue anualmente la totalidad del gasto en incentivos, que asciende a unos $7,462 millones de dólares al año y que representa el 86% del presupuesto del Fondo General. 4) Que se haga pública en la página de Internet de la Oficina de Servicios Legislativos la información completa del expediente que incluye el proyecto de ley del Código de Incentivos.
El analista de política pública dijo que en el Código de Incentivos que está proponiendo el gobierno, se omite el análisis de 18 de un total de 76 leyes y programas, lo cual constituye una falta de transparencia.
Esto mantiene fuera del ojo de la gente a cuánto ascienden y qué costo y beneficio público, privado y social tienen estas leyes y programas para el pueblo de Puerto Rico. Las 58 que se analizan en el proyecto de ley discutido en vistas, el Proyecto de la Cámara Número 1635 (“P. del C. 1635”), también llamado Código de Incentivos de Puerto Rico, ascienden a un total de $7,462 millones de dólares, lo que representa el 86% del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2019.
Por otra parte, EA puntualizó que hace falta mayor rendición de cuentas aún dentro de aquellas 58 leyes y programas que analiza el Código. Como ejemplo, Santamaría Ots mencionó 11 cuya metodología de evaluación no se expone en el proyecto de ley. Se desconoce cómo llegaron a la cifra de $222.5 millones de dólares que alegan representa un retorno negativo de la inversión para el fisco.
También en el área de rendición de cuentas, EA sugirió que se divulgue anualmente la parte más importante de incentivos contributivos que cuantifica el propio borrador del Código. Según lo expuesto en el proyecto de ley, solamente se divulgarán y cuantificarán anualmente los beneficios contributivos de las siguientes tres categorías: estímulos monetarios, créditos contributivos y subsidios o desembolsos. Se está dejando afuera la cuantificación y divulgación de lo que representaría el 81% de los $7,462 millones de los incentivos contributivos ($6,044 millones de dólares) en el propio borrador del Código en cuatro categorías: tasas preferenciales, deducciones especiales, exenciones municipales y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el Fondo General. En última instancia se mantendría un gasto oculto que paga el pueblo de Puerto Rico.
Santamaría Ots recalcó que es indispensable la participación ciudadana en la elaboración de este Código que impacta el Fondo General, y que para que la gente se involucre en la discusión deben tener fácil acceso a todos los documentos desde el inicio del debate. No fue hasta el pasado 28 de marzo del año en curso, que EA obtuvo el borrador del Código, el cual hizo público de inmediato.
Lamentó que al momento la información sobre el expediente con las enmiendas del proyecto de ley, radicado el pasado 29 de mayo de 2018, no está disponible para el público en la página de Internet de la Oficina de Servicios Legislativos.
