Por redacción de Sin Comillas
Oficiales de Cumplimiento de casinos descartan que el Gobierno pueda evitar el lavado de dinero en las tragamonedas que operan fuera de los casinos ante la falta de presencia física de personal adiestrado. El gobierno ejecutivo y la Legislatura se proponen legalizar estas máquinas de tragamonedas.
“Simplemente no es posible cumplir con los requisitos que establecen las leyes federales y locales sobre lavado de dinero en una operación de juegos de azar sin la presencia física de personal adiestrado”, sostuvo Héctor Colom, contralor y oficial de cumplimiento del Casino Metro en el Centro de Convenciones. Colom, experto en cumplimiento con 13 años de experiencia trabajando en casinos, descartó que una conexión a un sistema que registre las jugadas sea suficiente para evitar el lavado de dinero. “La conexión te podría decir cuánto dinero entró a la máquina. Pero jamás podría asegurar que la procedencia del dinero es legítima o si la persona que jugó mostraba elementos sospechosos que activan nuestros protocolos de cumplimiento”.
Como parte de la reglamentación federal, cada casino debe contar con un protocolo de cumplimiento. Entre las leyes que deben observar se encuentran el “Bank Secrecy Act” que les requiere realizar “Reportes de Actividades Sospechosas” y “Reportes de Transacciones Financieras”, entre otros. Asimismo, antes de obtener una licencia de casino, cada oficial de la corporación debe completar un extenso documento ante el Comisionado de Instituciones Financieras conocido como “Multijurisdictional Personal History Form”. Dicho documento debe ser juramentado proveyendo información financiera, económica y personal para que la Ofician del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) pueda certificar la capacidad financiera y reputación moral del solicitante.
La razón por la cual se exige este documento, según Antonio Matta, gerente del Tropical Casino en Bayamón, es “asegurar que ni una sola tragamoneda, ni una sola ficha de mesa, pueda provenir de dinero mal habido”. “Desde tus cuentas bancarias, procedencia de tus ingresos, los carros, botes y propiedades, e información de tus ex-conyuges y ex-suegros. Es una investigación de tu vida en más de 60 páginas de preguntas”.
Aunque todavía el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Soto, no ha dado a conocer los pormenores de la propuesta, ha trascendido que se busca conectar entre 25,000 a 30,000 máquinas tragamonedas y permitir que otorguen premios en efectivo. Actualmente, el otorgar premios en las máquinas fuera de los casinos es ilegal.
Para Úrsula Jiménez, experimentada oficial de cumplimiento, el gobernador Ricardo Rosselló y la legislatura deben descartar la legalización de las tragamonedas y exigir su evaluación en vistas públicas. “Permitir que las maquinitas puedan dar premio legalmente convierte la operación en una de juegos de azar; 30,000 máquinas, según el Estudio Spectrum, es el equivalente a unos 90 casinos. ¿Realmente quiere el gobernador darle paso a 90 casinos en los barrios de Puerto Rico sin las exigencias federales contra el lavado de dinero y sin los mecanismos rigurosos que observamos en 16 casinos legales con unas 5,000 tragamonedas en total?”, cuestionó Jiménez.
Finalmente, los oficiales de cumplimiento aseguraron que además de temer por sus empleos y los de sus compañeros de la industria turística, les preocupa la integridad de los juegos de azar en Puerto Rico si la medida para legalizar las tragamonedas no incluye fuertes salvaguardas para evitar el lavado de dinero.
