Por Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo

Daddy Yankee, el Rey Mundial del Reguetón, debe dinero, y mucho.

El artista puertorriqueño y su empresa El Cartel Records deben más de $3 millones en contribuciones al Servicio de Rentas Internas (IRS)  de Estados Unidos contrario a lo declarado en abril por su representante legal Edwin Prado. “[A]seguramos que tanto el artista como sus compañías han cumplido con su responsabilidad fiscal tanto con el Gobierno Estatal como con el Gobierno Federal”, reaccionó Prado un mes atrás a la investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que fue parte de los Panama Papers y puso al descubierto un esquema de corporaciones offshore establecido para la celebración de conciertos del rapero en Perú.

Pero el CPI encontró la revelación sobre la millonaria deuda con el IRS hecha por la esposa de Yankee, Mireddys González, durante el juicio de la demanda que le ganó al artista el productor argentino Diego de Iraola por incumplimiento de contrato y difamación en el 2013. A través de su esposa, el rapero –cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez– se declaró en dificultades financieras, pese a que anualmente celebra decenas de conciertos taquilleros alrededor del mundo y que sus discos han vendido más de 18 millones de copias. Según la transcripción del testimonio, Ayala Rodríguez debía al IRS alrededor de $1 millón a título personal y El Cartel Records $2 millones adicionales.

Ayala Rodríguez no estuvo disponible para decir si ha pagado la deuda con el IRS o si la misma ha incrementado desde entonces.

De Iraola ganó la citada demanda en noviembre de 2014 por $2 millones y la sentencia fue confirmada como final y firme en etapa de apelación el 20 de abril de 2016, por lo que Daddy Yankee ahora también debe estos $2 millones más una cantidad sustancial por los gastos legales del productor que no se ha determinado. Ante el desenlace del caso, la precaria situación financiera que pinta el artista y su negativa a pagar la sentencia, el demandante pidió al Tribunal para el Distrito del Sur de la Florida registrar la sentencia y orden de embargo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde el cantante declaró que están sus propiedades, cuentas bancarias y corporaciones. Durante el caso, el reguetonero juró no tener propiedades, corporaciones ni cuentas bancarias fuera de Puerto Rico. Varias fuentes del CPI confirmaron que esto no es cierto, y que el también estelar del hit televisivo La Voz Kids tiene activos en el exterior.

A finales de marzo, la corte ordenó el embargo de las propiedades y cuentas bancarias del cantante y de sus corporaciones, sus equipos y maquinaria, autos, y de las acciones de Ayala Rodríguez en sus cuatro corporaciones: El Cartel Records, Los Cangris, DY Merchandising y DY Broadcasting, según consta en el expediente del caso.

Las propiedades listadas para embargo en la orden son en el Barrio Palmas de Cataño, en Bosques del Río en Trujillo Alto, en Summit Hill Guaynabo, en la Hacienda Carabalí en Luquillo, en la urbanización Country Club en San Juan, en Quintas del Campeche en Carolina, y el apartamento donde Daddy Yankee se crió en el Residencial Villa Kennedy en San Juan. Asimismo, la orden incluye el embargo de los fondos en cuentas en Banco Popular, Citibank N.A, First Bank, Banco Santander, Scotia Bank, Oriental Bank, Banesco, UBS, Popular Securities, Santander Securities, Merril Lynch, Oriental Securities, y Charles Schwab & Co.

Órdenes similares se emitieron contra El Cartel Records y contra el colombiano Edgar Baldiri Martínez, quien sirvió de representante de Daddy Yankee en la contratación de los conciertos de Argentina.

El pasado 21 de marzo la magistrada a cargo del caso, Sylvia Carreño, también le ordenó a la oficial designada por la corte, Yma González Marrero, y a la agencia de embargo Isla Repossessions and Collections ir a la residencia principal del artista en Vista Mar Marina, Carolina, realizar el embargo y tomar custodia del dinero en efectivo, equipo, autos, maquinaria y suplidos que pertenezcan a Ayala. Según consta en el expediente electrónico del caso, ya Scotiabank y Oriental Bank remitieron cheques a la corte por los balances de las cuentas de Yankee en sus instituciones: $778,000 pagado a la corte en un cheque de gerente el 14 de abril y $19,982.12 pagado a la corte en dos cheques de gerente el 18 de abril, respectivamente.

Sin embargo, la visita a la residencia de Daddy Yankee en Vista Mar nunca se dio porque el proceso de embargo fue detenido temporalmente el 11 de abril. Esto después de que la esposa del reguetonero acudiera a la corte con el argumento de que no pueden embargar los mencionados activos porque todos pertenecen a la sociedad de bienes gananciales, que no figura como demandada en el pleito original. La abogada del acreedor, la licenciada Cecilia Suau Badillo del bufete McConnell Valdés, ripostó indicando que la sociedad de bienes no podía ser incluida en la demanda que se litigó en Florida, donde el régimen matrimonial que aplica es el de separación de bienes.

“El intento de Daddy Yankee de evadir su responsabilidad escudándose tras la sociedad conyugal es fallido como cuestión de derecho. De entrada, su argumento es totalmente contrario al mandato constitucional de fe y crédito que establece que como válidas y exigibles las sentencias entre cortes de distrito hermanas”, indicó Suau Badillo al tribunal.

Asimismo señaló que prevenir el embargo para el cobro de la sentencia tendría el efecto práctico de  convertir a Daddy Yankee en una persona “inmune a sentencias” en el estado de Florida.

En Puerto Rico, las corporaciones disqueras de Daddy Yankee han estado reportando mayormente pérdidas, reveló en abril el CPI. Información confidencial y corroborada apunta a que en el Departamento de Hacienda, tanto las empresas como el matrimonio Ayala-González han tenido un patrón cuestionable de declaración de ingresos y han rendido contribuciones inconsistentes con la actividad comercial del artista por la pasada década, sin haber sido investigados por la agencia. En la pasada década de éxitos y ventas millonarias del Big Boss, ha habido años en que las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris han pagado $0 contribuciones. Como es la práctica frecuente y legal en diversas corporaciones, tanto Ayala como González se pagan a sí mismos como empleados de estas corporaciones, de acuerdo a la información obtenida. Ayala ni Prado estuvieron disponibles para reaccionar a la información y desde marzo se han negado a contestar las preguntas del CPI sobre el tema de las responsabilidades contributivas.

Los detalles de las finanzas corporativas y personales del cantante y empresario Daddy Yankee fueron revelados en abril como parte de la investigación internacional Panama Papers. El CPI encontró que la cuestionada firma legal panameña Mossack Fonseca montó en el 2006, a pedido de un cliente que no es identificado, un complejo entramado de corporaciones fantasma en Panamá y Nevada para adquirir y revender los derechos de los conciertos de Daddy Yankee en Perú. Asimismo encontró que la empresa productora a cargo de los conciertos del cantante en Perú hizo las transferencias de dinero por los derechos por al menos uno de los conciertos a la cuenta bancaria de un banco curazaleño de una de estas empresas en Nevada, cuyos dueños son anónimos.

A raíz de los hallazgos del CPI,el bufete de De Iraola en Florida, Assouline & Berlowe, pidió en abril a la corte de Florida un Subpoena contra Mossack Fonseca para que la firma presente todos los intercambios de mensajes y/o documentación que tenga en relación a Ayala-Rodríguez, sus empresas, y personas o corporaciones relacionadas. Mossack Fonseca contestó que no tenía información alguna a esos efectos, pese a que el CPI encontró entre sus archivos un contrato que cedía los derechos de concierto del artista a una empresa peruana.

Daddy Yankee ha negado a través de Prado cualquier vínculo directo con la firma Mossack Fonseca y las empresas creadas para sus conciertos en Perú.

Existen usos legales para las llamadas empresas offshore, pero frecuentemente también son usadas como frente para la evasión contributiva, lavado de dinero y otras actividades delictivas. Los hallazgos de los periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que participaron de los Panama Papers, que incluyeron la creación de cientos de miles de compañías por parte de Mossack Fonseca, han redundado ya en allanamientos y renuncias de líderes de gobierno alrededor del mundo.

En Puerto Rico, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien lleva meses en una cruzada contra los evasores contributivos y ha cerrado decenas de pequeños negocios en el país, dio a entender en abril en que investigaría el caso de Daddy Yankee a raíz de las informaciones publicadas por el CPI. Sin embargo aclaró que Hacienda no confirma o niega que existan investigaciones cuando éstas son de carácter criminal.

Zaragoza no estuvo disponible para entrevista sobre si la agencia ha tomado acciones concretas en el caso desde entonces.

Desde enero del 2016 Hacienda ha realizado 102 embargos preventivos a negocios por no remitir el IVU, la retención patronal, o impuestos a las bebidas, y por cheques devueltos, y ha sometido 50 casos al Departamento de Justicia, informó la agencia al CPI. De los referidos a Justicia, 32 fueron a individuos por no radicar planilla y 18 a negocios por no remitir el IVU o la retención patronal.

Más recientemente, el Secretario inició investigaciones contra las organizaciones sin fines de lucro y las iglesias, particularmente contra las que no tenían exención aprobada, pero radicaron como exentas o no radicaron planilla.

Foto: Suministrada por Telemundo.