Por Luisa García Pelatti

El Congreso de Estados Unidos quiere saber si Ley 20 (para fomentar la exportación de servicios) y la Ley 22 (para incentivar el traslado de inversionistas a Puerto Rico), aprobadas en 2012, han reducido de forma significativa los recaudos del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Para ello ha solicitado un informe al que ha tenido acceso SIN  COMILLAS.

El Comité de Asignaciones de la Cámara Representantes de Estados Unidos está preocupado por la interacción entre las Leyes 20 y 22 de Puerto Rico y la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, que estipula que los ingresos que se deriven de fuentes de Puerto Rico de los residentes bona fide de Puerto Rico están exentos de la contribución federal sobre ingresos.

El Comité quiere saber cuántas personas o empresas se mudaron a Puerto Rico para beneficiarse de estas leyes, de qué estado provenían, cuánto pagaron en impuesto federales durante los cinco años previos a la mudanza a Puerto Rico

El informe incluye datos del Departamento de Hacienda y del Departamento de Desarrollo Económico pero solo logra obtener cifras de una pequeña parte de los beneficiarios de estas leyes.

Desde 2012, la Ley 20 ha concedido 1,924 decretos. El Departamento de Hacienda identificó (con un “Employer Identification Numbers”) al 80% de los que tienen decretos, unos 1,541 entidades. El IRS no encontró registros de que 1,482 de esas empresas o individuos hayan radicado impuestos antes de establecerse en Puerto Rico, lo que significa que se trata de empresas que se crearon para hacer negocios en Puerto Rico. Las restantes 59 entidades habían radicado impuestos federales previamente, pero la cantidad pagada resultó “insignificante”.

“Un factor que podría explicar esta circunstancia es que una entidad recién formada todavía estará en la fase de inicio de operaciones y, por lo tanto, no será rentable, con el resultado de que dichas entidades no tendrían la obligación de pagar impuestos federales sobre la renta en esos años”, explica el informe.

Por otro lado, la Ley 22 ha otorgado 2,331 decretos entre 2012 y 2019. El IRS obtuvo información de 647 empresas, que en los cinco años previos a obtener los decretos habían pagado un total de $558 millones en impuestos federales. Esas 647 empresas representan el 28% del total.

“Debido a que Hacienda no proporcionó al IRS la metodología que utilizó para ubicar e identificar a las 647 personas, el IRS no puede determinar si estas personas fueron elegidas al azar o si representan una agrupación estadísticamente significativa que permitiría la extrapolación a toda la población de 2,331 beneficiarios de la Ley 22 para ser bastante representativos de los datos con respecto a esa población total”, explica el informe.

Entre las recomendaciones que se hacen al Comité incluyen trabajar con Puerto Rico para explorar el potencial de expandir el programa de intercambio de información tributaria entre el IRS y Hacienda para requerir que envíe al IRS, de manera regular, una lista de contribuyentes que reclamen los beneficios de estas leyes.

Un análisis, realizado en 2019 por Estudios Técnicos, Inc. para el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), contabilizaba 1,891 decretos de la Ley 20. Entre 2012 y 2019, la Ley 20 había creado 36,222 empleos y generado inversiones que totalizan $1,200 millones. Estas empresas han generado $210 millones en ingresos fiscales. El 35% de esas empresas son puertorriqueñas.

Por otro lado, el informe de Estudios Técnicos establece que hay 2,612 personas con un decreto de Ley 22.  Se estima que han generado 4,400 empleos e inversiones ascendentes a $678 millones entre 2015 y 2019.