Por redacción de Sin Comillas
Aproximadamente el 63% del efectivo disponible proyectado al final del año fiscal 2021 se asigna como contraprestación en efectivo para los acreedores, según el Plan de Ajuste propuesto (POA, por sus siglas en inglés). “Esa es una cantidad significativa de fondos. Sin embargo, los acreedores no están satisfechos, a pesar de que se prevé que el saldo de efectivo después del pago de las obligaciones de la POA caiga por debajo del saldo de caja mínimo requerido por el Plan Fiscal certificado”, señala Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).
Marxuach pide a todas las partes sean “razonables en estas negociaciones y tener en cuenta que PROMESA no solo requiere el pago de una cantidad sostenible de deuda pública, sino también la provisión continua de servicios gubernamentales esenciales y el financiamiento adecuado de las pensiones públicas”.
El 19 de diciembre publicamos que según un análisis de efectivo –uno de los documentos que se intercambiaron durante la negociación para aprobar la reestructuración de la deuda, y que publicaron la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal– al 30 de junio de 2020, el Gobierno tenía un total de $24,700 millones en efectivo. Aproximadamente, $15,900 millones estaban en manos de agencias del gobierno central. Los $8,800 millones restantes pertenecían a corporaciones públicas, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (PRASA) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
De los $15,900 millones, $5,400 millones están restringidos, incluidos $3,800 millones en fondos de la Ley CARES y $1,600 millones en fondos restantes clasificados como restringidos. La Junta estima que el Gobierno tenía $10,300 millones en efectivo sin restricciones al 30 de junio de 2020.
Aproximadamente $6,000 millones de ese efectivo sin restricciones se contempla como efectivo para
los acreedores en la última propuesta para un Plan de Ajuste, $1,500 millones se asignan para restaurar los pagos a los jubilados que perdieron sus contribuciones de empleados en el plan de contribución definida del gobierno del Sistema 2000, y aproximadamente $650 millones está reservado para sindicatos, jubilados y otros reclamos. Los fondos restantes eran el saldo de efectivo mínimo para las operaciones gubernamentales y otras necesidades críticas, como la financiación provisional para desastres.
El efectivo restringido incluye fondos recibidos del gobierno federal o restringidos por la ley o reglamento federal para usos específicos, incluidos los fondos de la Ley CARES; fondos pertenecientes a terceros y mantenidos por entidades gubernamentales en custodia u otras cuentas segregadas; y otros fondos legalmente restringidos.
