Por Luisa García Pelatti
Doral Financial Corporation (NYSE:DRL) ha decidido luchar contra la decisión del Departamento de Hacienda golpeando donde más le duele al Gobierno: su credibilidad ante los inversionistas.
El país probó los efectos de una proyección negativa en los medios de comunicación tras la publicación del famoso artículo en Barron’s en agosto del 2013.
DCI Group, la firma de relaciones públicas que ha contratado Doral para manejar esta crisis, celebró una conferencia de prensa por teléfono. En ella, Robert Shapiro –un economista que fue subsecretario de Comercio durante la administración del ex presidente Bill Clinton– advirtió del peligro de que se vea a Puerto Rico como un lugar donde no se respetan los contratos.
Shapiro habló de cómo una percepción negativa podría afectar la llegada de inversión extranjera, como ha ocurrido en otros países, pero no fue capaz de contestar la mayoría de las preguntas que se le plantearon, que refirió a Doral o a sus abogados. Preguntas como qué ocurrirá si Hacienda no cambia su posición y Doral no puede presentar un plan de capital en el plazo establecido por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). No obstante, Shapiro aceptó que el cierre de Doral tendría un efecto negativo en la economía.
El economista vinculó la decisión del Departamento de Hacienda, de no pagar el reintegro de $230 millones a Doral, a los problemas fiscales del Gobierno. Puerto Rico no paga por que no tiene dinero, vino a decir.
Por su parte, el Departamento de Hacienda emitió unas declaraciones en las que señala que la Secretaria de Hacienda no discute públicamente las reclamaciones de los contribuyentes. Sobre los señalamientos de Shapiro, Hacienda dijo que está mal informado y que no distingue las cuentas por pagar de una disputa con uno de sus contribuyentes. Añade que el Gobierno tiene el compromiso de cumplir con sus obligaciones contractuales y pagar sus cuentas.
Hacienda dijo que los contratos en Puerto Rico se consideran finales, a menos que se hayan firmado co se considera final, a menos que se firmaran bajo declaraciones falsas o fraudulentas. “Hacienda no puede emitir reembolso a contribuyentes que no han pagado impuestos en exceso”, dijo la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo.
Acosta Febo explicó que el acuerdo de 2012 se dejó sin efecto, porque en el mismo “se pretendió crear un derecho de reintegro por pago en exceso de contribuciones (equivalente a un crédito a cobrar contra el Estado Libre Asociado), cuando en realidad no hay evidencia de que se haya realizado tal sobrepago.
Hacienda también destaca que Jesús F. Méndez Rodríguez era Secretario de Hacienda cuando se realizó el acuerdo, aunque no estuvo envuelto en la firma de éste. Méndez Rodríguez es actualmente vicepresidente ejecutivo de Doral. Tanto la Legislatura como la Oficina de Etica Gubernamental han iniciado investigaciones sobre el asunto.
Sobre un acuerdo entre Doral y Hacienda con fecha de 2013 al que Shapiro hizo mención, Hacienda explica que no tiene relación con el del 2012. El Gobierno no había revisado el acuerdo del 2012 cuando se firmó el acuerdo de 2013.
“La solicitud de Doral sobre el acuerdo de 2012 es similar a tomar la depreciación futura de un activo y que Hacienda pague en el presente por los posibles ahorros de impuestos que pueda obtener de es depreciación. Para que se produzcan esos ahorros contributivos, Doral tenía que demostrar que iba a obtener ganancias en el futuro”, explica Hacienda.
Finalmente, Hacienda aclaró que las razones por las que los reguladores de la banca le dijeron a Doral que no podía usar el supuesto reembolso como parte de su capital nada tienen que ver con la decisión del Gobierno de declara nulo el acuerdo.
Durante la conferencia de prensa, Shapiro aprovechó para mencionar la degradación de la deuda del Gobierno a nivel de chatarra y que el riesgo de impago del Gobierno de Puerto Rico es el más alto, después de Argentina (“Moody’s advierte de un deterioro en el riesgo del crédito“).
La crisis de credibilidad está servida.
* Historia en desarrollo. Se ampliará.
