Por redacción de Sin Comillas
Un grupo de cooperativas de ahorro y crédito, conocido como el G25, presentó hoy en la Ciudad de Nueva York una propuesta para reestructurar la deuda que incluye aliviar los problemas de liquidez al gobierno, protecciones sustanciales al capital de los bonistas, pago sostenido de intereses.
Entre otras cosas, la propuesta aumenta la liquidez con una emisión de $1,000 millones para refinanciar la emisión de Pagarés en Anticipación de Impuestos e Ingresos (Trans, por sus siglas en inglés) del 2016. La propuesta reduce el servicio de la deuda de las Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en inglés) a $729 millones al año, extiende el vencimiento de la deuda hasta 2051 y prohibe nuevas emisiones de GO’s hasta que se cumplan una serie de condiciones.
Lo que queda del servicio de la deuda (unos $1,46 millones) da para pagar el 91% de las deudas de lo que llaman Emisores Relacionados (Sistema de Retiro, Banco Gubernamental de Fomento, Autoridad de Carreteras, PRIDCO, UPR, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, Autoridad de Edificios Públicos y Corporación para el Financiamiento Público). La quita es de 10% para la mayoría de esas deudas, excepto para la Autoridad de Edificios Públicos, que será 5%.
Hay una clásula de “entry-point” para prevenir el enriquecimiento injusto de los que compraron barato o los descuentos de los que invirtieron a valor par.
La propuesta incluye aliviar la liquidez al gobierno:
- El servicio total de la deuda de GOs y de los Emisores Relacionados estará dentro de la meta establecida por el Grupo de Trabajo del gobierno y sus asesores ($1,850 millones);
- El servicio de la deuda anual de GOs se reducirá en promedio en $409 millones desde el 2017 al 2022;
- El servicio de la deuda anual para los Emisores Relacionados se reducirá en $657 millones para cada uno de los próximos 5 años y en $354 millones a partir de entonces para los siguientes 10 años;
- Se liberan $1,453 millones del IVU en favor del Fondo General.
El plan propone una reducción del principal adeudado por el Estado:
- La deuda contraída por los Emisores Relacionados se reduciría en aproximadamente $1,944 millones; una quita de 9%;
- La deuda contraída por COFINA se reduciría en aproximadamente $1,475 millones;
- El alivio total a la deuda pública sería de $3,419 millones.
- Este alivio de la deuda se hace de manera balanceada, procurando la protección de los inversores tradicionales evitando recortes excesivos en favor del gobierno y a la vez evitando rendimientos excesivos para los inversores en el mercado secundario.
“Esta propuesta procura restaurar la credibilidad de Puerto Rico mediante: el respeto a la garantía constitucional de GOs; el cumplimiento con las representaciones realizadas por el gobierno en relación al respaldo del IVU para el pago de los bonos de COFINA, y proveyendo a los tenedores de los bonos de los demás emisores relacionados de una garantía del gobierno central que, aunque subordinada al pago de G.O.s, está ausente en bonos actuales. Además, recupera el capital de los inversores tradicionales mediante una mejora en la valoración de mercado de los bonos re-equilibrados resultante de la restaurada capacidad de pago del gobierno para cumplir con sus obligaciones”, señaló José Sosa Llorens, asesor del G25, al participar del foro auspiciado por el portal de economía de mercados, Debtwire, en la Ciudad de Nueva York donde participaron otros asesores de acreedores de la deuda de Puerto Rico, así como la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo.
“Estamos convencidos de que estos términos proporcionan al gobierno el respiro de liquidez necesario y un alivio razonable en el monto adeudado, al tiempo que ofrecen términos razonables que viabilizan la participación mayoritaria de los bonistas en un reestructuración voluntaria, sin requerir medidas legislativas extraordinarias de Puerto Rico ni del Congreso. La viabilidad de esta propuesta se basa en el carácter razonable y de buena fe de sus términos y del beneficio que implica tanto para el gobierno como para los acreedores. La ruta alterna que les quedaría a los posibles “holdouts” sería encaminarse hacia un litigio largo, costoso e incierto”, explicó Sosa Llorens.
“Entendemos que en contraste con los severos cortes de principal de las propuestas que hasta ahora ha traído el gobierno a la mesa, una transacción de re-equilibrio de la naturaleza propuesta tendrá probabilidades reales de alcanzar la aceptación de la mayoría de los tenedores de bonos. Además, la preservación de los derechos y prerrogativas de los diferentes grupos de acreedores actuales y la mejora esperada en la valoración de mercado de sus inversiones representan una mejor alternativa a los costos e incertidumbre de la litigación”.
La propuesta del G25 es producto del análisis financiero dirigido por Fernando Viñas, director general de Ramírez & Co., y se fundamenta en los datos divulgados por el Grupo de Trabajo del gobierno y sus asesores.
Las cooperativas del G5 representan el 56% de los 1.2 millones de socios y depositantes y mantienen presencia en 55 de los 78 municipios de Puerto Rico. Otras cooperativas y el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo se han unido al grupo, que ahora supera las 25 instituciones originales.
