Por redacción de Sin Comillas

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció esta mañana una serie de medidas que se estarán poniendo en vigor para ayudar a los empleados federales en la Isla, que han sido afectados por el cierre del Gobierno federal.

Se establece una moratoria en los pagos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Se extiende además una moratoria en cualquier pago de deuda del gobierno central, incluidas las deudas con el Departamento de Hacienda, por 90 días. Los empleados federales afectados, de igual manera, podrán solicitar los beneficios por desempleo y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional.

Así mismo, la Junta del Banco de Desarrollo Económico (BDE) evaluará la posibilidad de emitir micropréstamos a bajo interés.

Mientras, la Oficina del Voluntariado de empleados del Gobierno ayudará al sector privado y a las organizaciones sin fines de lucro en la distribución de ayudas. También se activará la Oficina para el Desarrollo Socieconómico y Comunitario en el proceso de distribución de ayudas, incluyendo alimentos.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación ofreció ayuda al Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo, para que no se interrumpan las visitas familiares. También, la Autoridad Metropolitana de Autobuses estará ofreciendo transportación gratuita a los empleados federales, con la presentación de su identificación oficial.

“Estas son algunas medidas iniciales, pero se estarán evaluando algunas adicionales sobre la marcha y a la luz de losdesarrollos, así como la necesidad de legislación o de órdenes administrativas para su implantación. Nuestra administración reconoce el trabajo que realizan los empleados federales en la Isla y toma estas medidas como muestra de agradecimiento y de solidaridad. Reiteramos nuestro llamado a las partes involucradas en este tranque, para que no se continúen afectando los servicios a la ciudadanía ni los ingresos de los empleados federales”, dijo el Gobernador.

En la Isla hay sobre 14,000 empleados federales, de los que cerca de 4,500 no reciben sueldo desde que se decretó el cierre.