José García. (Foto suministrada)
Por José García López*
El aumento propuesto de $15 la hora al salario mínimo federal por el Presidente de Estados Unidos, J.Biden debe ser materia de reflexión y de análisis profundo por parte del gobierno, los empresarios, el movimiento sindical y los economistas en la isla. A pesar de que existe un consenso entre los diversos sectores sobre la necesidad de realizar un ajuste aceptable al salario mínimo actual de $7.25, es necesario que el mismo no resulte al final en menoscabo de la clase trabajadora y la comunidad empresarial; principalmente a los pequeños y medianos negocios. En este artículo repasaremos algo de la historia y la evidencia empírica en la isla ante aumentos en el salario mínimo federal como los criterios que deberían tomarse en cuenta para su aplicabilidad.
Historia
Fue en el año 1938, que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Fair Labor Standard Act, la cual estableció un salario mínimo federal luego de las luchas del movimiento sindical. Esta legislación de vanguardia fue aplicada de inmediato a la isla. No obstante, el Gobierno de Puerto Rico para poder establecer la misma creó la Junta de Salario Mínimo en el año 1941, la cual era un organismo adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Este organismo autónomo compuesto por comités sectoriales, llevaban a cabo un análisis económico de cada industria, a fin de determinar la capacidad de esta asumir un aumento en el salario a sus empleados y establecer un decreto. Fue muy lamentable que el Gobierno de la isla por razones ideológicas eliminó la Junta de Salario Mínimo.
Evidencia Empírica
El impacto del salario mínimo sobre la economía de la isla ha sido estudiado por economistas del patio como extranjeros durante más de sesenta años. Uno de los estudios pioneros fue el realizado el de Reynolds-Gregory (1965) concluyeron que el salario mínimo tuvo un efecto negativo en el empleo total en de la isla. Santiago (1993) concluyó que el aumento en el salario mínimo estimulaba la emigración. Por otro lado, Krueger (1994) encontró un impacto negativo en el empleo a nivel agregado. En cambio, Caraballo (2016) sostuvo que el salario mínimo tiene un efecto negativo en el empleo de pocos sectores y los más pequeños en Puerto Rico. Un análisis reciente de Hernández, Valdés y González (2018) identificaron que los sectores más vulnerables a un aumento en el mínimo federal fueron la manufactura, el gobierno y los servicios. En resumen, el consenso de la literatura es que salario mínimo ha tenido un impacto sobre el empleo a nivel agregado como sectorial principalmente en los pequeños y medianos negocios.
Criterios
Lo primero a considerar es que más de una cuarta parte de la fuerza laboral empleada se encuentra bajo el mínimo federal. Además, que en la etapa de reconstrucción en que nos encontramos ante los desastres naturales y la pandemia; se evalué los efectos en sectores como la construcción, comercio, turismo y los servicios. En particular las pequeñas y medianas empresas donde se concentran dichos sectores que son las de mayor creación de empleos. El caso particular del sector de la construcción, este es uno intensivo en mano de obra y cuyos costos de construcción han aumentado vertiginosamente; el incremento propuesto en el mínimo federal podría ser devastador. Dado el alto impacto multiplicador de empleos indirectos e inducidos, podría limitar el proceso de reconstrucción y la recuperación de la economía de la isla en el corto y mediano plazo. De igual forma, el sector comercial ha experimentado múltiples cierres de establecimientos ante el lockdown y un aumento desproporcionado del mínimo federal propiciaría mayores cierres y quiebras de negocios. No debemos de permitir que una medida para hacer justicia a los trabajadores conlleve la destrucción de empleos en vez de la fomentar la productividad y el trabajo
Por tanto, recomendamos que la legislación que se proponga a nivel federal debe proveer un mecanismo de flexibilidad a la isla para que la aplicación del salario mínimo contribuya a mejorar las condiciones de vida y la productividad laboral; sin afectar la competitividad de los sectores y toda la economía. Una alternativa es que su aplicación sea una gradual como mecanismo de ajuste o volver a restablecer los comités de salario mínimo. Estos fueron bastante efectivos al lograr un balance óptimo entre la capacidad económica de la industria y la justicia salarial que merecen los trabajadores. Apoyemos un aumento justo en el salario mínimo que nos permita proteger los empleos para no quedarnos sin la soga y sin la cabra; como dice nuestro refranero popular.
* El autor es profesor adjunto de economía y finanzas públicas de el Departamento de Economía y la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.
