Por redacción de Sin Comillas
La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (“MIDA”) y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) reiteraron su oposición al Proyecto del Senado 2520 aprobado en el Senado de Puerto Rico, que crearía la Oficina de Inspección de Carne de Pollo y sus Productos Derivados de Puerto Rico, una burocracia adicional para supuestamente regular y fiscalizar un sector comercial que ya está ampliamente regulado y fiscalizado tanto a nivel local como federal.
“Nadie se opone a que se proteja la salud del consumidor, pero esta medida es un subterfugio para poner el control de todo un sector comercial en manos de una Junta que estaría controlada por un grupo que pretende auto-regularse, lo cual representa un claro conflicto de interés en perjuicio del consumidor. Precisamente para evitar conflictos y velar por los intereses del consumidor, las facultades reglamentarias deben estar en manos del sector público, como ocurre actualmente, o de personas sin interés comercial en el área que se busca regular. De su faz esta legislación provocaría un impedimento para lograr una fiscalización objetiva e imparcial”, comentó el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes.
El presidente de ASORE, Humberto Rovira, explicó que actualmente existen cuatro organismos gubernamentales a nivel federal y local que regulan y fiscalizan la producción, elaboración e importación de la carne de pollo en protección del consumidor: el Departamento de Agricultura federal (USDA), y los departamentos de Agricultura, de Asuntos del Consumidor y de Salud del gobierno de Puerto Rico. Señaló, además, que nadie ha escuchado en el país, ni se presentó evidencia durante el proceso de vistas públicas, de la existencia de querellas o problemas de salud del público por el consumo de pollo.
El portavoz de ASORE le hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que no dé paso a la medida aprobada en el Senado, que sólo creará más burocracia. “Esta medida es mala para el consumidor, y el público debería exigir más información al respecto. Cabe preguntarse si en efecto lo que busca esta ley es proteger al consumidor o si hay otros intereses envueltos. Claramente no hace falta otro ente regulador”, destacó Rovira.
Lo que se busca realmente con la medida, y así lo ha expresado públicamente su autor, es que algunos productores locales que no pueden competir por precio, puedan limitar la competencia y disponibilidad del producto. Esto sólo puede traducirse en que al final de la cadena los precios para nuestros consumidores se verán afectados.
MIDA y ASORE alertaron que el efecto de esta ley bien pudiera ser restringir la disponibilidad de pollo fresco, lo que resultaría en un perjuicio al consumidor quien al final del día debería tener el derecho de elegir entre la más amplia variedad de productos a los mejores precios.
