Por redacción de Sin Comillas

La organización CAMBIO y el Instituto de Economía y Análisis Financiero en energía (IEEFA, en inglés) recibirán a lo largo de la semana que viene los documentos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitados mediante mandamus en el tribunal.

“Este es un paso de avance a favor del derecho ciudadano a la información. Las decisiones sobre la AEE nos impactan a todos y todas y los resultados los vemos en la factura mensual. La información que solicitamos procura ampliar la conversación pública sobre el futuro energético”, expresó Ingrid M. Vila Biaggi, fundadora y presidenta de CAMBIO.

Cathy Kunkel, analista de energía del IEEFA, manifestó que “nos complace que la AEE cumpla con el acuerdo para presentar documentos públicos y ahora estaremos atentos a ver lo que producen”. Los documentos públicos solicitados son todos los que tengan fecha a partir del 1 de enero de 2018 que tengan relación con la privatización de la AEE así como datos actualizados del sistema eléctrico.

CAMBIO y el IEEFA acudieron ante el tribunal con un recurso de mandamus contra la AEE para exigir la entrega de información pública, luego de haberla requerido infructuosamente por meses.

En el recurso de mandamus presentado al tribunal, CAMBIO e IEEFA requirieron a la AEE información específica sobre cualquier estudio de costo-beneficio que se haya realizado para justificar la propuesta de privatización, así como documentos relacionados a propuestas relacionadas a la generación, entre otros.

El nuevo acuerdo con la AEE establece que la corporación pública comenzará con la producción de aquellos documentos públicos ya identificados como responsivos al requerimiento de documentos y que no estén protegidos por algún privilegio.

En o antes del 14 de junio, la AEE producirá también los documentos que se identifiquen como responsivos, así como un “privilege log” que contenga la descripción de documentos adicionales que se hayan identificado como protegidos por algún privilegio y con una explicación del privilegio que proteja su divulgación.  Esta información será evaluada por las organizaciones y, de ser necesario, discutida ante el juez en la vista del 25 de junio. Los documentos se producirán en forma legible, mediante acceso digital y en su formato original según sea posible. Si no es posible esto, las partes se comprometieron en volver a reunirse para llegar a un acuerdo sobre el formato de la producción de los documentos.