Por redacción de Sin Comillas
Los representantes del Partido Popular, Javier Aponte Dalmau y Luis Raúl Torres, exigieron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la destitución inmediata de José Ortiz Vázquez como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). A su vez, radicaron una resolución para investigar todos los contratos otorgados por la corporación y enviaron una carta a la Oficina del Contralor Electoral solicitando información sobre si alguno de los ejecutivos de estas compañías contratadas son donantes políticos.
“En las últimos semanas de la Administración de Luis Fortuño, la AEE firmó 63 contratos para la compra de energía generada por fuentes renovables. Solo 11 llegaron a concretarse, porque estos fueron otorgados sin un estudio de viabilidad y luego se encontraron con que los proyectos no podían conectarse a la red de la corporación. Y para colmo, la mayoría de estos contratos ofrecían la energía a costos onerosos de entre 18 y 20 centavos el kilovatio por hora (kWh), que es prácticamente lo mismo que pagamos hoy. Todo esto se dio cuando Ortiz Vázquez era el encargado de desembolsar dinero federal asignado para la recuperación y revitalización de la infraestructura de la AEE, así como presidente de la Junta de Gobierno. Este señor fue el promotor de una cantidad de proyectos millonarios de energía renovable que no llegaron a nada”, manifestó Aponte Dalmau.
Establece que “como secuela de la nefasta gestión de Ortiz Vázquez, para ese entonces era José Pérez Canabal el vice presidente de la Junta de Gobierno, el mismo que fue acusado de fraude y conflictos de intereses en el 2012. No obstante, Ortiz Vázquez vuelve a traerlo a la AEE como consultor estratégico a un costo de $317,800 por un período de 14 meses para adelantar los intereses de compañías de energía renovable y gasificación. Hace un mes se encuentra bajo investigación nuevamente. Y no tan solo vuelve Ortiz Vázquez con la práctica de otorgar contratos en cuartos oscuros, sino que esta vez vuele a autorizar proyectos de energía renovable sin la aprobación del estudio de viabilidad”.
El representante trajo también a la atención un contrato otorgado en julio de este año a la compañía ADP Workforce Now, por el costo de $81,000. “El propósito de este contrato no es más que mantener privado los salarios de estos empleados de confianza, así como la cuantía de los contratos otorgados. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Hace unos días nos enteramos también de que pagó más de $300 millones en estadías de hoteles lujosos para consultores externos, mientras que aquí no hay dinero para materiales, equipo ni contratación de empleados, pero sí para contratos millonarios. Claramente Ortiz Vázquez está actuando negligentemente contra los intereses públicos de Puerto Rico”, añadió.
Por su parte, el representante Luis Raúl Torres enfatizó en el efecto negativo que tendrá el Acuerdo de Reestructuración (RSA) para la calidad de vida de los ciudadanos, y que resultará mortal para el sector industrial y comercial del País. “Los aumentos a la factura comenzarían desde un 13% este año y podrán alcanzar un 47% para el 2024. Es decir, una familia que paga hoy $180 al mes estaría pagando $274 para el 2024, lo que equivale a un aumento de mil dólares anuales. Es insólito. Con este acuerdo solo continúan condenando a la pobreza a todo un Pueblo, y a nuestro motor económico, que son las industrias y los comercios, los están fulminando”, expresó.
Los legisladores piden que se detenga el RSA y se renegocie el acuerdo con los bonistas, a fin de que la AEE pueda pagar acorde a su circunstancias y teniendo presente el impacto en la economía del país.
