Por redacción de Sin Comillas

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, anunció que el lunes someterá una solicitud formal mediante Resolución para que la Cámara de Representantes en pleno, cite a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, para que explique a los miembros de ese cuerpo legislativo las razones, criterios y el alcance de los cambios propuestos al mapa de calificación de suelos y por ende al Plan de Uso de Terrenos (PUT) y para que inicie una investigación legislativa sobre los propósitos de estos cambios.

“La Cámara de Representantes tiene el deber de exigir cuentas claras a la Junta de Planificación por los cambios propuestos al mapa de calificación de suelos que altera y deja sin efecto disposiciones del PUT dirigidas a proteger áreas de alto valor ecológico, modifica los usos de áreas agrícolas y trastoca todo el ordenamiento legal y el propósito original del estatuto que se aprobó, precisamente, desde la Cámara de Representantes en el año 2004 como una medida de consenso tripartita”, expresó Ortiz.

El representante explicó que la ley del PUT es el estatuto de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento ambiental, el cual establece las normas para el desarrollo del país, mediante el uso de guías y métricas científicas con un sistema de clasificación de suelos que concilia variables geológicas, geográficas, cambios poblacionales y necesidades de desarrollo. Se convirtió en ley el 3 de octubre del 2004 y su implantación se extendió por cuatro administraciones.

El PUT clasifica 92% de las 2.3 millones de cuerdas existentes y duplica de 8% a 16% el total de terrenos protegidos. Distingue terrenos residenciales, agrícolas, industriales y de alto valor ecológico. Conserva 3,053 cuerdas del corredor ecológico del noreste y protege 220,000 cuerdas de la zona del Karso que produce el 26% del agua potable que se consume en la isla.

Además, protege 300,000 cuerdas del bosque modelo en 19 áreas de reserva natural; ordena la delimitación de 311 millas lineales de costa de la zona marítima terrestre; conserva 600,000 cuerdas agrícolas y amortiza 102 lugares de captación de agua, 5,394 millas de ríos, las cuencas hidrográficas y 8 represas. Viabiliza las servidumbres de conservación, crea un mecanismo de arbitraje para los planes territoriales de los municipios, identifica terrenos para energía renovable y también para el desarrollo ordenado.

Según los grupos ambientalistas y la comunidad científica, los cambios que propone la presidenta de la Junta provocarán que 1.4 millones de cuerdas cambien de calificación en sus usos de forma irrestricta; incluyendo 99,000 cuerdas en las que se les alteran sus criterios de protección de forma unilateral y otras 62,000 cuerdas que pierden su criterio de protección como áreas de valor ecológico o tierras agrícolas.

El legislador dijo que la Ley del PUT tiene una importancia para el país de tal grado que es la única ley estatal protegida por la ley federal PROMESA, lo que implica que la Junta de Control Fiscal no puede incumplirla o derogarla. “En otras palabras, resulta insólito que mientras el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, expresamente le prohibieron a la Junta de Supervisión Fiscal incumplir con ese estatuto y ordena que se respete su contenido, venga la Junta de Planificación de este gobierno a querer revertir lo que ni siquiera el Congreso federal se atrevió a sugerir. El país merece respuestas claras y transparentes de esta misteriosa agenda”.