Por redacción de Sin Comillas

El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) anunció su rechazo a negociar con la Junta de Control Fiscal en el marco del caso de quiebra bajo el Título III de la Ley Promesa.

“En primer lugar, un acuerdo con la Junta de Control Fiscal conlleva el compromiso de apoyar frente a nuestros miembros, frente al público y en los tribunales, cualquier Plan de Ajuste que pueda someter la Junta para la aprobación de la jueza federal”, afirmó Roberto Pagán, presidente del SPT.

Según el líder sindical, los recientes acuerdos alcanzados con la Junta “favorecen a los bonistas a costa de imponer una carga onerosa al pueblo y al presupuesto del País, provocando una insuficiencia de fondos mayor de la que tienen importantes agencias como la de Salud, Educación, la UPR y otras agencias de servicios esenciales”.

“Los servicios seguirán deteriorándose y miles de empleados públicos serán despedidos para pagar una deuda que ni siquiera ha sido auditada”, advirtió Pagán.

El pasado martes 18 de junio la Asamblea de Líderes de base del SPT ratificó la recomendación de su Directiva Nacional de rechazar los acuerdos con la Junta y orientar a su matrícula y a las familias trabajadoras sobre el impacto negativo de los mismos.

“Nuestra preocupación se basa en que se le está imponiendo al pueblo puertorriqueño una carga insostenible, que incluirá un aumento en los impuestos y el aumento en la facturación de servicios públicos como agua y energía eléctrica durante varias generaciones. Además, nuestros pensionados, que ya han recibido el impacto de recortes en sus exiguos ingresos, no soportarán un recorte adicional del 8.5% como el que se propone”, aseguró Pagán.

“Insistimos en que la Junta debe buscar recortes en la deuda restante que estén más alineados con la realidad económica que enfrenta nuestro País, por lo que nos mantenemos vigilantes y continuaremos abogando por nuestros miembros y por el pueblo de Puerto Rico”, concluyó.

El SPT representa a sobre 10,000 trabajadores del sector privado y el gobierno.