Por Luisa García Pelatti
El Gobierno está evaluando si el principio de acuerdo anunciado el 5 de junio –entre el agente que representa al Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) y el agente de los tenedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) sobre el uso de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)– “sirve al mejor interés de Puerto Rico”, y trabajará con todas las partes para llegar a un consenso sobre una solución integral, dijo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
En un documento sometido en el tribunal el lunes, AAFAF no se opone a la moción que solicita al tribunal que no se tomen decisiones sobre el caso durante un periodo de 60 días, para permitir la negociación entre las partes, pero aclara que las negociaciones deben incluir al Gobierno y otros tenedores de bonos que no son parte en el principio de acuerdo.
Una de esas partes es Assured Guaranty Corp., que asegura unos $5,400 millones en bonos de Puerto Rico, que no se opone a los 60 días para negociar y que espera que tanto el agente de UCC como el de COFINA consulten “abiertamente, honestamente y completamente” con Assured y los otros acreedores principales.
La jueza Laura Taylor Swain dijo que no se tomarán decisiones sobre caso hasta el 4 de agosto, aunque las partes podrían solicitar una extensión. Si no se llega a un acuerdo en esos 60 días, el tribunal resolverá.
El principio de acuerdo entre los agentes de UCC y COFINA busca resolver la disputa sobre la titularidad de los fobdos pignorados del IVU y establecer los términos para reestructurar aproximadamente $35,000 millones en bonos y otras reclamaciones.
Según, el principio de acuerdo, COFINA recibirá 53.65% de la porción de IVU que tiene asignada (lo que se conoce como “Plege Sale Tax Base Amount”) a partir del 1 de julio de este año y el 100% del efectivo acumulado en el Bank of New York Mellon hasta el 30 de junio.
