Por Luisa García Pelatti

El gobernador Ricardo Rosselló dejó sin efecto la reforma laboral anunciada el 21 de marzo, y que incluía, entre otras cosas, un aumento en el salario mínimo federal. En un mensaje televisado, Rosselló mostró su oposición a los cambios solicitados por la Junta de Control Fiscal, que incluye un recorte a las pensiones, porque  asegura  “tendrían el efecto de aumentar las condiciones de pobreza en Puerto Rico”.

“La Junta pretende dictar la política pública del gobierno, y eso, además de ser ilegal es inaceptable. A esos fines, les informo que dejo sin efecto la propuesta Reforma Laboral”, que incluía el recorte de los días de vacaciones y enfermedad y la eliminación del Bono de Navidad, dijo el Gobernador. “No puedo permitir que la Junta se adjudique poderes que no tiene y, mucho menos, cuando pretenden utilizarlos para imponer medidas que afectan negativamente la calidad de vida de nuestro Pueblo”.

La Ley PROMESA establece en su Sección 205 que la Junta puede hacer recomendaciones de política pública, pero no establecerla, insiste Rosselló. “Eso es función del Gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico”.

Además, advirtió que aunque la Junta certifique en el Plan Fiscal, como pretende hacer el 5 de abril, se opondrá tenazmente a una reducción de un 10% a las pensiones, que considera es una medida “injusta y abusiva medida.

“Las condiciones que la Junta pretende imponer harían prácticamente imposible los aumentos al salario mínimo federal; eliminarían el Bono de Navidad a los empleados públicos, afectarían aún más las licencias por vacaciones y enfermedad; y no contienen programas para la capacitación de nuestra fuerza laboral. La base de nuestra propuesta era el aumento de sueldo a nuestros trabajadores y la creación de oportunidades de capacitación. Con esos elementos imposibilitados, la propuesta no es viable”. 

Mientras que el Plan Fiscal presentado por el Gobierno propone recortes en gastos ascendentes a $1,450 millones, la Junta quiere elevar esa cifra a $1,580 millones, lo que Rosselló considera una “intromisión”.

El Gobierno mantendrá los cambios en el sistema contributivo que propone reducir tasas contributivas y eliminar incentivos. 

El Gobernador destacó que es “una gran contradicción, que mientras la Junta pretende imponer recortes en gastos al gobierno, que van más allá de lo prudente y necesario, solicitan que se aumente para ellos el presupuesto”.    

Volvemos a la situación donde estábamos a finales de agosto del año pasado, cuando la Junta de Control Fiscal demandó al Gobierno para obligarlo cumplir el Plan Fiscal certificado, que requería un recorte de las pensiones y en jornada laboral.

Si la Junta de Control Fiscal no certifica el Plan Fiscal el 5 de abril, puede aprobar su propio Plan y pedir al tribunal que obliga al Gobierno a implantarlo.