OneLink Communications respaldó a Choice Cable TV, que radicó una querella ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) la semana pasada, para impedir que PRT, que también tiene la marca Claro, continúe la construcción de la infraestructura para su red de IPTV (Internet Protocol Television, por sus siglas en inglés).
Ileana Molina, directora de relaciones corporativas de Claro, en declaraciones a los medios de comunicación dijo que la querella “resulta ser totalmente frívola y carece de base”. “PRT-Claro no está construyendo una red para proveer vídeo, por tanto no ha incurrido en ninguna violación a la ley local ni federal aplicable”, aclaró Molina. La portavoz explicó que, Claro está construyendo “una red de uso múltiple para ofrecer servicios de banda ancha en todo Puerto Rico”, La JRT no tiene jurisdicción sobre servicios de banda ancha.
“PRTC-Claro no puede cambiar su posición según le sea más conveniente, diciendo que no está construyendo una red para IPTV y en otras instancias afirmar que tiene una red IPTV lista para operar”, dijo Hernández. “No tenemos duda de que PRTC-Claro está construyendo su red para IPTV, y dicha construcción cae bajo la jurisdicción y la autoridad de la JRT”, comentó Jorge Hernández, vicepresidente de Operaciones y principal oficial financiero de OneLink.
“Hace tres años, la JRT y el Tribunal Federal le indicaron a PRTC-Claro que la construcción de una red sin la debida franquicia es ilegal. Posterior a esas determinaciones judiciales, la JRT explícitamente le ordenó a PRTC-Claro que detuviera todo tipo de construcción relacionada con IPTV, a lo que dicha empresa informó que acataría esta decisión. Eso debió haber terminado ahí porque vivimos en un país de ley y orden”, dijo Hernández.
“Lo que más nos ha sorprendido de estas recientes acciones ilegales, es que se han realizado con el respaldo de la alta gerencia de PRTC-Claro”, añadió Hernández. “En las pasadas semanas, el presidente de PRTC-Claro admitió que la construcción está tan adelantada que podrían comenzar a ofrecer el servicio tan pronto reciban el papel, en una referencia a la licencia que otorga la franquicia. Esto denota el poco respeto del Sr. Enrique Ortiz de Montellano por la autoridad de la JRT y por los consumidores. Es también consistente con la actitud impune de la empresa, que aparenta estar por encima de la ley. ”La JRT debe evaluar estas acciones ilegales previo a la otorgación de la franquicia”.
“Para evitar ser objeto de más escrutinio e investigaciones sobre el patrón de comportamiento ilegal de PRTC-Claro, el Sr. Ortiz de Montellano urgió a los consumidores a ejercer presión sobre la JRT para que le otorgue a su empresa dicha franquicia de IPTV. Al mismo tiempo, la presidenta de la JRT, Sandra Torres, ha estado presionando a los comisionados para ceder a las demandas de PRTC- Claro sobre esta franquicia”, señala el comunicado enviado por Onelink.
“La JRT no debe recompensar a PRTC-Claro por violar la ley”, afirmó Hernández.
“Por el contrario, consideramos crítico que la JRT investigue las acciones ilegales de PRTC-Claro, incluyendo la participación de su grupo gerencial, y ejercer su responsabilidad de proteger a los consumidores y demás empresas de telecomunicaciones en contra de la conducta anti-competitiva de PRTC-Claro”, concluyó.
